La Fiscalía Provincial de Cáceres ha abierto diligencias penales para investigar la actuación que se ha llevado a cabo en relación a la gestión de la crisis del coronavirus en la residencia El Cuartillo de Cáceres (popularmente conocida como la Asistida). Este centro de mayores es el más castigado por la pandemia, con un mayor número de fallecidos. Hasta ayer por la mañana se contabilizaban 69 muertos a causa del covid-19. Se trata de la única investigación penal incoada en la región en un geriátrico que parte de la denuncia de los familiares. Hay, no obstante, otras cuatro diligencias penales en curso: una más en Cáceres, dos en Badajoz y una a nivel regional. Pero ninguna de ellas se dirigen directamente a un centro de mayores, sino que solicitan la investigación de la gestión del coronavius en este tipo de centros en general.

Así, tal y como detallan desde la Fiscalía Superior de Extremadura, se ha recibido una denuncia del Defensor del Pueblo para que se investigue cómo se ha actuado en esta crisis en todos los centros de la región (cabe recordar que el 85% de los fallecidos eran residentes de uno de ellos, en Cáceres ya van 98). Otra de Vox, tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz en el mismo sentido que la anterior. Y una última en Badajoz que procede de la denuncia de un particular que reside en un centro de mayores y que pedía que se le permitiera salir del mismo. Al final esta última se archivó.

A la Fiscalía Provincial de Cáceres son varias las denuncias que han llegado de familiares de la residencia Asisitida de Cáceres. En los escritos remitidos denuncian que los trabajadores no contaron con las protecciones adecuadas hasta el 4 de abril, casi un mes después de que la pandemia llegara a la región. Y que estos se consiguieron a instancias de la Inspección de Trabajo, que tuvo conocimiento de la falta de equipos individuales también por la denuncia de familiares. También hacen referencia a que los residentes no contagiados pasaron un mes sin estar aislados, habiendo ya casos positivos en el centro (comían todos juntos y utilizaban zonas comunes).

Por su parte, la Junta de Extremadura aseguró ayer que no ha sido requerida aún por ningún juzgado y que la incoación de diligencias no implican «presunción de culpabilidad» ni la condición procesal de investigado.