No hay indicios suficientes en los que apoyar la acusación" de homicidio que pesa sobre el argentino Horacio C. C. y sus cuatro familiares detenidos en febrero del 2009 por la muerte de Luis Guillermo M. B., colombiano de 48 años cuyo cuerpo fue descuartizado y arrojado a las aguas del río Almonte.
Lo reconoce la fiscal encargada del caso, que ante esta falta de pruebas irrefutables ha pedido el archivo del caso. Lo señala así en el escrito que ha dirigido al Juzgado de Instrucción número 1, encargado de esta causa, interesando su sobreseimiento provisional y archivo. En él indica que "valorando los únicos indicios existentes y la entidad de los mismos en orden al esclarecimiento de los hechos, tenemos que señalar que de las diligencias de investigación practicadas no se alcanza un grado de certeza próximo a la sospecha fundada sino de conjetura en torno tanto a la cronología, localización y participación en los hechos".
Por ello, "por no entender que sean bastantes para ser considerados indicios racionales de criminalidad suficientes en que apoyar la acusación", la fiscal concluye interesando "el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones", sin perjuicio, añade, "de la reapertura de las mismas de aparecer nuevos elementos de prueba".
LARGA INVESTIGACION Todo se iniciaba en junio del 2008, cuando un pescador encontraba partes de un cuerpo humano, como un antebrazo, flotando en las aguas del Almonte y la Guardia Civil abría una investigación, mientras los forenses iniciaban el análisis necrológico para la identificación de los restos.
Apenas 20 días después, otro pescador encontraba el cráneo del cuerpo desmembrado. La investigación se intensificaba y, ocho meses después, el 25 de febrero del 2009, se detenía a seis personas por su presunta implicación en el que ya se conocía como ´crimen del Almonte´. Solo uno de los detenidos, Horacio C. C., ingresaba en prisión.
En el Centro Penitenciario de Cáceres permanecería dos semanas, hasta que el 11 de marzo la justicia le dejó en libertad provisional previo pago de una fianza de 5.000 euros. Desde entonces, más de dos largos años de investigación tras los cuales, como se ha indicado, la fiscal ha decidido solicitar el archivo por falta de pruebas suficientes en las que apoyar la acusación.
En su escrito de petición de archivo la fiscal hace un exhaustivo y pormenorizado repaso a la investigación y a cada una de las pruebas. Una de las más importantes de estas era la transferencia de sangre del fallecido al hacha hallada en la casa de los imputados, respecto a la cual la fiscal señala que la hija del fallecido "no ha desmentido" la explicación dada por los imputados de que Luis Guillermo realizaba para ellos tareas de poda en las que hubiera podido utilizar el hacha y herirse.
Pero es que además, añade, "no existe ningún otro indicio más" de que esta fuera el instrumento utilizado para desmembrar el cuerpo del fallecido, "puesto que del informe forense de autopsia se indican compatibilidades o probabilidades con objetos cortantes o contundentes de los cuales no se pueden concretar más circunstancias, ni por ello de la utilización de la misma por los imputados para la perpetración de los hechos".
