La Fiscalía Provincial de Cáceres ya ha iniciado la investigación para conocer si ha habido ilícito penal en la gestión de la crisis sanitaria en la residencia El Cuartillo de Cáceres (conocida como la Asistida). El pasado jueves tomó declaración, en calidad de testigo, a una Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Tecae) que había mostrado su preocupación a través de las redes sociales porque, al realizarle el test hace unos días, el resultado concluía que había pasado la enfermedad y tenía anticuerpos. Se ha infectado pero no ha tenido síntomas en ningún momento, por lo que alertaba de que había estado trabajando con el riesgo de haber contagiado a residentes y compañeros. Este centro es uno de los más afectados por el coronavirus, con 70 fallecidos (datos ofrecidos hasta el pasado jueves) y más de 50 residentes aún infectados.
La trabajadora insistió en su declaración en que en estos momentos la situación ha mejorado un poco aunque aún les hacen falta equipos de protección. Fue preguntada además sobre las medidas de seguridad que se llevaron a cabo para prevenir la propagación de la enfermedad. Familiares y trabajadores han denunciado en este diario que estas decisiones se tomaron tarde porque los ancianos continuaron utilizando las zonas comunes y el comedor hasta semanas después de que se tuviera constancia del primer contagio.
NO CITARÁ AÚN A LA DIRECCIÓN
El Ministerio Público quiere tomar declaración a todos los trabajadores y para ello va a requerir al centro que facilite un documento con el nombre de todos ellos, para poder identificarlos. Se lo ha solicitado también a las familias de los que han denunciado, pero les es muy difícil identificar a todos. De momento no habrá más declaraciones hasta que la Fiscalía no tenga este documento, según afirmaron este viernes desde la Fiscalía Provincial de Cáceres.
El siguiente paso será requerir a la residencia que elabore un informe detallado sobre las actuaciones que se han llevado a cabo para frenar la propagación del virus. Quiere conocer en qué situación se encontraba el centro antes de que comenzaran los contagios, qué se hizo cuando se conocieron los primeros positivos y cómo está ahora. Por el momento se descarta solicitar medidas cautelares hasta conocer la versión de más empleados. Tampoco se pedirá la declaración de la dirección de la residencia, que solo se solicitará si del interrogatorio de los trabajadores se concluye que podría haber indicios de delito.
Las denuncias de las familias van encaminadas a advertir de que el elevado número de víctimas y de contagios es consecuencia de la gestión del centro. Aseguran, como han corroborado también los trabajadores, que les faltan medios de protección y que las medidas de aislamiento se llevaron a cabo tarde.
