La fiscalía propone en el proceso penal abierto por la clausura del bar de la asociación de vecinos de Santa Bárbara que se imponga una multa de 5.475 euros al concejal José Joaquín Rumbo, y solicita la misma sanción para Guadalupe Iglesias, que preside la asociación vecinal con sede en Aldea Moret. La fiscalía estima en sus conclusiones provisionales que se produjo un delito de coacciones. La resolución del caso está ahora pendiente de que el juzgado de lo Penal determine el día y la hora de la vista oral.
La consideración de que hubo un delito de coacciones se apoya en la orden dada por el concejal a Iberdrola para que se cortase el suministro de electricidad a la sede del colectivo vecinal, donde estaba el bar regentado por Pascual Pardo, que inició el proceso judicial al denunciar este hecho.
El caso se remonta a octubre del 2002. La asociación vecinal tenía con Pardo un contrato para la gestión del bar de la sede. Hubo una falta de acuerdo entre ambas partes y el colectivo vecinal, basándose en que el adjudicatario no pagaba el recibo de la luz, acudió al consistorio, que entonces era el titular del contador. Rumbo, que en el 2002 estaba al frente de la concejalía de distrito de Aldea Moret, presentó una solicitud ante Iberdrola para dar de baja al ayuntamiento y propiciar el cambio de titularidad a favor del colectivo vecinal de Santa Bárbara, lo mismo que está en otras sedes vecinales.
El concejal apuntó ayer que actuó ante una solicitud de la asociación y porque se daba la circunstancia de que el titular del contador era el ayuntamiento y lo recibos se pasaban a una cuenta del colectivo de vecinos. El edil indicó que el ayuntamiento no intervino en la relación entre el colectivo vecinal y Pardo y que se actuó ante Iberdrola para normalizar la situación creada por la titularidad del contador.
FIN DE LA INSTRUCCION La singularidad de este proceso radica en que implica a un cargo público. Aunque la fiscalía no va más allá de la sanción económica, la estimación de que hubo un delito de coacciones podría derivar, si el juzgado de lo penal valora que hay una modificación de la responsabilidad criminal, en un delito de prevaricación y en una pena de inhabilitación para el desempeño de cargo público.
La sanción propuesta por la fiscalía en sus conclusiones para Guadalupe Iglesias y José Joaquín Rumbo es que paguen una multa de quince euros al día durante un periodo de doce meses.
Por otra parte, la fiscalía hace al ayuntamiento responsable civil subsidiario de los daños causados al gestor del bar de la asociación vecinal de Santa Bárbara, y que la acusación particular ha valorado en 50.000 euros.
