La Fiscalía ha requerido a la residencia El Cuartillo de Cáceres (conocida como la Asistida) un segundo informe porque considera que el entregado hasta ahora es demasiado genérico. El Ministerio Público solicitó al centro información detallada sobre la actuación llevada a cabo durante la crisis sanitaria en el seno de la investigación que mantiene abierta para conocer si existe ilícito penal en las muertes registradas a causa del coronavirus (van 73 ancianos fallecidos). Ha pedido además a la policía que identifique a todos los trabajadores, entre ellos al médico del geriátrico, para poder llamarlos a declarar. Lo harán en calidad de testigos.
Esta investigación se abrió a raíz de la denuncia de varios familiares, que también enviaron un documento explicando la situación al Defensor del Pueblo. Este organismo ha requerido asimismo a la Junta de Extremadura documentación para que informe sobre los pasos a seguir en el centro para frenar los contagios. Quiere saber las protecciones utilizadas durante la pandemia y las medidas de aislamiento puestas en marcha. Una vez que reciba la documentación, la analizará y decidirá si las denuncias de los familiares están lo suficientemente fundamentadas como para continuar con la actuación iniciada contra este geriátrico.
Mientras tanto los familiares continúan insistiendo en la necesidad de realizar tests a todos los ancianos no contagiados para confirmar que realmente no están infectados y podérselos llevar a sus casas hasta que termine la pandemia. El objetivo es frenar la propagación, ya que a los fallecidos se une que en estos momentos continúan infectados 82 residentes. El Defensor del Pueblo remitió esta semana varias recomendaciones a las autonomías, entre las que se encuentra la posibilidad de sacar a los mayores sanos sin que pierdan su plaza.
