La Fiscalía Provincial ha remitido al Juzgado Decano de Cáceres una denuncia por presuntas irregularidades en las obras de rehabilitación del edificio Embarcadero de la ciudad, en las que implica a cuatro personas.

Se trata del exconcejal socialista Víctor Santiago Tabares, el funcionario municipal Javier S. B., el arquitecto Pedro C. C. y el empresario José L. A. B., por supuestos delitos de coacciones y el relativo a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, a los que en el caso del exconcejal suma un tercer delito, el de prevaricación administrativa.

La denuncia de la Fiscalía, que la fiscal jefe provincial remitió al Decanato en noviembre, está aún pendiente de la entrada en el Juzgado de Instrucción al que por reparto corresponda. Será el juez titular del mismo el que habrá de resolver, en base al escrito fiscal, las pruebas documentales aportadas por el denunciante (la empresa constructora Prisa) y los testimonios que habrá de recabar de los presuntos implicados, si el proceso judicial continúa o se archiva.

Por el momento, la Fiscalía sí ha apreciado indicios de delito en el proyecto del Embarcadero y por ello ha dado curso a la denuncia que en agosto pasado interpuso Prisa por presuntas irregularidades en dichas obras para que por el Juzgado al que corresponda la instrucción de la causa se determinen las posibles responsabilidades judiciales.

A Prisa se le adjudicó, en noviembre del 2008 y por 480.800 euros más IVA, la última fase de la obra de rehabilitación del edificio Embarcadero, que consistía en la adecuación de la bóveda del tejado mediante la colocación de unos paneles acústicos.

Esta obra no estuvo exenta de polémicas, hasta el punto de que el ayuntamiento "se vio obligado" a proponer la rescisión del contrato a Prisa "por incumplimientos" --se está aún a la espera, y desde hace aproximadamente un año, de que el consejo consultivo resuelva al respecto--, y fue esto lo que según miembros del entonces Gobierno municipal motivó las desavenencias del responsable de la empresa adjudicataria con el ayuntamiento y su posterior denuncia.

La versión de la empresa Prisa es bien distinta, pues de hecho asegura que fue ella la que solicitó que se anulara el contrato de la obra "por incumplimientos reiterados por parte del ayuntamiento y el abuso de poder al que estaba sometida".

Los motivos, según su denuncia, que el proyecto de obras contemplaba la colocación de paneles de una marca concreta, por un importe de 339.560 euros más IVA, que tenían que ser adquiridos al empresario José Luis A. B., pero que ellos entendían que se podían conseguir por una cantidad inferior, con un ahorro de entre 150.000 y 200.000 euros.

De hecho, Prisa llegaría a comprarlos más baratos, pero según su denuncia finalmente no se colocaron y el edificio Embarcadero se inauguró en marzo pasado sin estar concluida la obra de la cubierta que incluía la última fase del proyecto para la mejora del aislamiento y la acústica del edificio.