La fiscalía, que desde hace unos meses investiga las denuncias presentadas contra las edificaciones realizadas en los Llanos de Cáceres --a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad-- "ve indicios de delito en estas construcciones", indicó ayer el fiscal-jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Jorge Sena.

Sena informó de que en este caso la fiscalía mantiene abiertas las diligencias de investigación por posible delito contra la ordenación del territorio, "que es lo que se denomina delitos urbanísticos". Alcanza esta investigación a un total de 34 construcciones, llevadas a cabo por otras tantas personas, "y probablemente muy pronto pasaremos al juzgado nuestras conclusiones, calificación de los hechos y las solicitudes de penas".

Para este tipo de delitos las penas que contempla el Código Penal oscilan entre uno y tres años de prisión, así como el derribo de la construcción, "aunque la demolición es facultativa, es el juez el que podrá ordenarla; es decir que, si llegado el momento tenemos que pedir la demolición, ésta es siempre facultativa del propio juez", matizó el fiscal-jefe.

Sena puntualizó, asimismo, que aunque el caso de los Llanos alcanza a 34 construcciones, sólo se podrá actuar en las que las denuncias sean posteriores al 2001. "Hay denuncias desde el año 1997, pero nosotros sólo perseguiremos las posteriores al año 2001, ya que las otras han prescrito, pues prescriben a los tres años".

DENUNCIA CONJUNTA

Sobre el caso, Sena recordó que la fiscalía recibió una denuncia conjunta, "muy documentada tanto desde el punto de vista gráfico, como técnico y legal", de la Sociedad Española de Ornitología, Ecologistas en Acción y Adenex "sobre posibles construcciones clandestinas en un lugar llamado El Collado, que está situado en lo que se denomina los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes". Se informaba al mismo tiempo, añadió, que sobre estas denuncias se seguían diligencias en el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura.

Ante este hecho, la fiscalía abrió de forma inmediata una investigación, requiriendo información al respecto tanto de la Junta como del ayuntamiento. Por parte de la administración regional se informó que se han abierto varios expedientes a los propietarios de las construcciones por un posible delito contra la fauna y la flora de la zona, "expedientes que entiendo concluirán con contundentes sanciones de tipo administrativo"; y por parte del consistorio "no se sigue procedimiento alguno".