Fisiocórpore asegura que está trabajando para poder reanudar su actividad y poder ofrecer los tratamientos programados a sus clientes. La empresa, que este jueves se puso en contacto con este periódico (el miércoles no respondió a las llamadas), asegura que el problema de que los clientes que tenían una sesión programada de sus tratamientos no hayan podido recibirla es que se ha quedado sin las dos trabajadoras que tenía en plantilla. No aclara, no obstante, cuándo podrá volver a ofrecer los tratamientos.

Desmiente además que la maquinaria que utiliza necesite de supervisión médica, ya que se trata de aparatos estéticos. Tal y como ha informado este diario los clientes han denunciado que una de las trabajadoras de la clínica, cuando acudían al local para recibir las sesiones contratadas, les comunicaba que no podían ofrecérselas porque la máquina no cumplía con los requisitos establecidos por ley. La empresa, por el contrario, asegura que cuentan con todos los permisos para funcionar.

El problema se remonta al pasado verano. Se calcula que unas 600 personas están afectadas por esta situación en la provincia. Son las estimaciones que barajan los abogados que ya han comenzado a trabajar en la interposición de denuncias (se están gestando ya 40). La empresa, no obstante, desmiente que sea ese el número de afectados, aunque no aclara cuántos clientes se han quedado sin los tratamientos por esta situación.

Los clientes denuncian porque las sesiones, la mayoría de depilación láser aunque también de otros tratamientos estéticos, se pagan por adelantado. Como ha explicado a este diario el abogado de la mayoría de ellos, Sebastián Gallego, a muchos se les informó a través de un mensaje al móvil de que su cita se había cancelado. De media, el letrado asegura que la entidad les adeuda unos 250 euros a cada uno (algunos habían recibido ya la mayor parte de las sesiones pero otros no se habían dado ninguna, por lo que se les debe el tratamiento completo).

MULTITUD DE DENUNCIAS / Hasta el miércoles medio centenar de los afectados se habían puesto ya en contacto con el abogado Sebastián Gallego, de Qualit Abogados, para iniciar los trámites e interponer una demanda en los juzgados, y este jueves ha recibido muchas más. El objetivo es conseguir a un mayor número de personas a las que presuntamente ha estafado esta empresa y presentar una demanda conjunta. En lo que se trabaja es en una acción judicial colectiva en defensa de los intereses de los consumidores.

Los afectados buscan a través de las redes sociales a más personas que se encuentran en esta situación para unirse a esta demanda e intentar recuperar el dinero que se les debe.