Los afectados por la clínica Fisiocórpore proponen a la clínica llegar a un acuerdo para recuperar su dinero. El abogado que defiende a la mayor parte de los clientes a los que se les ha negado acceder a los tratamientos estéticos ya pagados ha remitido un burofax a la clínica con el objetivo de iniciar un proceso extrajudicial. Lo que pretende el letrado, Sebastián Gallego, de Qualit Abogados, es intentar dar una solución al problema lo antes posible. En cambio la empresa aún no ha respondido a dicho requerimiento ni se ha puesto en contacto con el despacho de abogados.

Mientras tanto el letrado continúa estudiando las denuncias que ha recibido, que llegan ya casi al centenar. Y es que, según los cálculos, hay unos 600 afectados en la provincia de Cáceres a los que podrían sumarse los de Badajoz y Sevilla, donde también contaban con clínicas en activo que han dejado de ofrecer las sesiones pagadas a sus clientes. Por el momento el letrado cacereño solo ha recibido denuncias procedentes de afectados residentes en Cáceres.

La mayor parte de los afectados tenían abonados el tratamiento completo para la especialidad de depilación láser, que consta de varias sesiones que se pagan por adelantado. El coste total del tratamiento asciende a 700 euros. De media, tal y como informa Sebastián Gallego, la entidad les adeuda unos 250 euros a cada uno de ellos (algunos habían recibido ya la mayor parte de las sesiones pero otros no se habían dado ninguna, por lo que se les debe el tratamiento completo). No solo hay denuncias por una presunta estafa sino también por mala praxis, ya que algunos de los clientes han sufrido quemaduras de diversa índole tras someterse a las sesiones de depilación láser. Trabaja en un acción judicial colectiva en defensa de los intereses de los consumidores.

NO SE LES COMUNICÓ EL CIERRE / Nadie les informó de que la clínica iba a dejar de prestar sus servicios. Unos se enteraron a través de un mensaje al móvil en el que se les informaba de que quedaba suspendida la cita que tenían programada para el día siguiente, sin más explicaciones. A otros, al dirigirse a la propia clínica, una de las trabajadoras les comunicó que sería imposible que accedieran a las sesiones porque la máquina no tenía los permisos necesarios para estar en funcionamiento. Al parecer precisa ser utilizada por un médico (nunca lo ha habido), aunque la empresa ha negado siempre este extremo.

Los afectados han iniciado una campaña a través de las redes sociales para intentar ponerse en contacto con el mayor número de personas afectadas por esta clínica, con el objetivo de poder iniciar una acción judicial colectiva que defienda sus intereses. Tal y como ha informado el abogado, no cobrará honorarios con anterioridad al proceso, solo si finalmente consigue ganar el caso cobrará un 15% de lo que se les devuelva a los clientes.