La dirección general de Carreteras del Ministerio de Fomento aprobó provisionalmente el proyecto de la variante de Malpartida el pasado 21 de junio. El anuncio con el acuerdo y la relación de los bienes afectados se publicaron ayer en el Boletín Oficial de la Provincia. Todavía tiene que salir en el Boletín Oficial del Estado para que comience a computarse el plazo de veinte días hábiles de exposición para la presentación de alegaciones.

En la publicación de ayer se recogía el listado de los veintiocho propietarios afectados a los que se tendrá que expropiar terreno para la construcción de la variante. Son 17 particulares, 5 administraciones y 6 empresas. Entre los propietarios a los que más terreno se les expropiará figuran la empresa Inversiones Tirema y el propio Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.

En el estudio de impacto ambiental ya se especificó el trazado de la variante de Malpartida, que ha quedado ya definido en el proyecto. La misma tendrá 10 kilómetros y enlazará la autovía A-66 con el cruce de las carreteras de Aliseda (N-521) y Arroyo de la Luz (Ex-207). Sus tres primeros kilómetros, partiendo desde la rotonda de la A-66, discurrirán por el mismo corredor de la actual carretera de Malpartida (N-521), después el trazado se desviaría hacia el norte quedando entre el embalse de Lancho y la población de Malpartida.

Este trayecto se eligió cuando se elaboró el estudio de impacto ambiental por no afectar a zonas de la red natura 2000 ni a espacios protegidos, además de ser la alternativa que conlleva una menor fragmentación del territorio ya que utiliza parte del corredor de la N-521 y discurre al sur de las vías del ferrocarril. La actuación, según se especificaba en el estudio de impacto ambiental, se realizaría en dos fases, no quedando todo el trazado de la variante como autovía hasta que se acometiese la segunda.

Los presupuestos generales del Estado de 2016 recogen para esta actuación una partida de 1,2 millones de euros para este año y hacen una proyección para los tres siguientes de otro millón de euros en 2017, diez en el ejercicio de 2018 y veinte para el año 2019. La ejecución de esta inversión se proyecta hasta el año 2020 con un coste total de 52,1 millones de euros.