Un campo de fútbol ocupa casi una hectárea. Si se apilaran en fila 54.000 estadios, en orden uno detrás de otro, no alcanzaría para calcular el efecto que ha tenido el fuego en Cáceres en la última década. Desde el año 2010 en la provincia cacereña han ardido 45.000 hectáreas en incendios forestales.

Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación (Mapama) en sus informes anuales sobre incendios forestales en el país, de 2010 a 2020 se han producido en Cáceres 5.634 fuegos de los 8.177 que se han producido en Extremadura, es decir, que seis de cada diez siniestros relacionados con el fuego en la región han tenido lugar en la provincia cacereña. En cuanto a la masa forestal calcinada, representa el 90% de toda la superficie quemada ya que desde 2010 ardieron en ambas provincias 49.105 hectáreas.

En el desglose por años, 2012 fue el año con más número de incendios, 871, y 2017 (611), años en los que a nivel regional se superó el millar de siniestros en ambas provincias. A nivel nacional en estos dos ejercicios se sobrepasó la cifra de 14.000 y 13.000 fuegos, las dos campañas más devastadoras con cifras cercanas a 200.000 hectáreas calcinadas en la península. Por el contrario, 2020 es el año con menor número de fuegos de la década con 340, un dato que sitúa a la provincia a niveles de 2016 (348). No obstante, este descenso del número de incendios respecto a los datos de 2017 (611) es inversamente proporcional al número de hectáreas calcinadas, ya que solo en estos últimos doce meses han ardido prácticamente las mismas hectáreas que en los tres años anteriores (6.990) frente a las 8.837 de 2017 a 2019.

En cuanto a los grandes incendios de la última década en Cáceres, el que tuvo consecuencias más destructivas fue el que se produjo en la Sierra de Gata en 2015 y que arrasó 10.000 hectáreas de monte entre Hoyos, Acebo y Perales del Puerto y obligó a desalojar más de 1.500 vecinos de la comarca por las llamas. Ese incendio representó el 90% de la superficie calcinada en Extremadura ese año y fue uno de los más violentos a nivel nacional. Cinco años después, también a finales de agosto de 2020, en Cabezuela del Valle se originó otro de los focos que más superficie ha arrasado, más de 4.000 hectáreas, entre el Jerte y la Vera. Contó con hasta tres focos en localidades cercanas y también movilizó a medios locales, regionales y locales en condiciones más complejas debido a que la dificultad de acceder al origen de las llamas se vio agravado por la situación de la crisis sanitaria.

Precisamente, el fuego de Cabezuela está catalogado este año como uno de los dos más grandes registrados en España hasta octubre junto con el de Almonaster La Real en Huelva, que quemó 12.000 hectáreas. Ambos se originaron el mismo día y entre los dos representan la cuarta parte del total de superficie quemada en la península durante diez meses del año. Estos datos fueron ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto democrático, que avanzó cifras nacionales relativas a la materia y de momento no ha hecho público el informe de 2020. En ese sentido, sí detalló que en el conjunto del país, aparte de Cáceres, y Huelva, se han producido 7.158 fuegos, de ellos 17 con la categoría de grandes incendios forestales --afectan a más de 500 hectáreas-- y se han calcinado un total de 62.904 hectáreas. En la comparativa con el año anterior, desciende la cifra de superficie quemada un 20% (82.381 en 2019) y el número de incendios con 3.000 menos (10.396 en 2019, 14 de ellos grandes incendios forestales).

¿Accidente o provocado?

Una de las principales controversias de los incendios forestales reside en el origen de las llamas. Según estima el Ministerio de Medioambiente en su informe ‘El monte en llamas’, «más del 95% de los incendios forestales tienen al ser humano y su actividad como origen». Este documento expone que tan solo el 3,18% son atribuibles a causas naturales, como un rayo. Del tanto por ciento en el que la acción humana está tras el origen de las llamas, el 35,4% se produce «por descuidos o negligencias», tales como «la quema de rastrojos, un cigarrillo mal apagado, hogueras encendidas por excursionistas o trabajos en el monte», el 45,25% se consideran intencionados, es decir, provocados apropósito y el 19,34% restante «corresponde a aquellos en los que las causas no llegan a determinarse con claridad».

Sobre este asunto se pronuncia a este diario, el responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en Extremadura (Infoex), José Antonio Navalón, que precisa el desglose. «Están los accidentales, los intencionados, los que simplemente buscan quemar vegetación o darle un nuevo uso a la zona, y los malintencionados, los que queman para causar daño por venganza , hay gente desaprensiva no piensa en lo que está provocando, son los menos habituales pero los que provocan más daño», pone de manifiesto. En el caso de Cáceres, los dos grandes fuegos de la década se investigan como provocados.

En cuanto a las consecuencias para los que provocan incendios, asegura Navalón que en los últimos años se han producido grandes avances en materia de investigación en estos últimos diez años. «Hemos ido mejorando la colaboración con Guardia Civil y Seprona» sostiene y subraya el aumento de denuncias. ElCódigo Penal, tras su reforma en 2015, contempla penas de prisión de uno a cinco años a los que incendien masas forestales y si el fuego alcanza especial gravedad, la justicia puede imponer de tres a seis años de cárcel. Para que se produzca este segundo supuesto tiene que cumplir varios condicionantes, entre ellos, como que afecte a una gran superficie, que tenga graves efectos erosivos, que afecte a zonas próximas a núcleos de población , que sea provocado en un momento en el que el clima incremente su riesgo de propagación o se haga para obtener un beneficio económico. Por último, si existe peligro para la vida de las personas la condena puede ascender a los veinte años. En cualquier caso, Navalón insiste en que la sanción debe ser el último recurso y reafirma la apuesta por la concienciación con charlas e información a la ciudadanía. «Hay que trabajar en todos los frentes», concluye.