La alcaldesa, Carmen Heras, aseguró ayer, a preguntas de este diario, que el gobierno local está buscando una solución para desbloquear el concurso para la adjudicación de la gestión del servicio municipal del agua. Primero se esperará a tener el acta con las intervenciones del pleno extraordinario celebrado el pasado lunes y después se pedirá asesoramiento a órganos externos como el Consejo Consultivo de Extremadura. El portavoz del gobierno, Lorenzo de la Calle, ya aludió el lunes a que se podía recabar la opinión de este órgano.

El pleno de la corporación no aprobó en la sesión extraordinaria del lunes la propuesta de la mesa municipal de Contratación de adjudicar el concurso a Acciona. La decisión se tomó tras el voto en contra de IU y la abstención del PP. PSOE y FC votaron a favor de la propuesta de la mesa. Para adjudicar el concurso se necesitaba mayoría absoluta de los miembros del pleno y PSOE y FC solo tienen 12 de los 25 votos.

Acciona, la empresa propuesta por la mesa, está estudiando las acciones a emprender ahora tras la decisión del pleno. La mesa es un órgano municipal que asesora y en el que participan concejales y técnicos de la corporación. Su propuesta es preceptiva, aunque no vinculante.

La decisión del pleno de la corporación local de no aceptar la propuesta ha bloqueado un concurso de cuya adjudicación está pendiente que el ayuntamiento reciba 30 millones para el pago de deuda. De la Calle habló tras el pleno de un "bloqueo a la legalidad" al defender que la propuesta de la mesa reunía todas las condiciones legales, mientras que el viceportavoz del PP, Valentín Pacheco, insistió en que los daños para el ayuntamiento habrían sido mayores de haberse adjudicado el concurso.

El presidente de la diputación provincial de Cáceres, Juan Andrés Tovar, calificó de "rara y complicada" la situación de bloqueo que se ha producido en el concurso del agua. Tovar se mostró "respetuoso con las decisiones de las corporaciones municipales", aunque admitió que "pocas veces" había visto una situación como la que se da ahora en el ayuntamiento. Tovar consideró que la solución del conflicto pasa por los servicios jurídicos del ayuntamiento, que tendrán que dar una "salida legal" al problema.