El Ministerio de Asuntos Económicos dio a conocer este martes con qué condiciones devolvería al ayuntamiento el remanente de tesorería para gastos generales si finalmente el alcalde, Luis Salaya, decide acogerse a este préstamo que la entidad local haría a la administración central. El regidor sí ha adelantado que se solicitará una mayor subvención para el transporte público, pero no ha aclarado sí se dejará al Estado los cuatro millones del remanente de los que aún no se ha dispuesto. Tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para decidirlo. La resolución de Asuntos Económicos de este martes deja la decisión al presidente de la corporación local.

En esas condiciones se ofrece un tipo de interés del -0,172% para las operaciones que se amorticen en un periodo de 10 años, un porcentaje negativo que se incrementa hasta un mínimo del -0,192% para compensar los gastos financieros que tenga el Estado, que contratará a un banco agente para la gestión de los préstamos. Para las operaciones que tengan un periodo de vencimiento de quince años el tipo de interés será como mínimo del 0,050% anual.

La resolución parte del real-decreto ley de medidas financieras aplicables a las entidades locales, que es fruto del acuerdo que hace una semana firmaron el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias. El fondo es la utilización del remanente de tesorería para gastos generales que tienen los ayuntamientos. En Cáceres ese remanente fue positivo en 6,2 millones de euros en el ejercicio de 2019, el último liquidado. El argumento principal del Gobierno para que las entidades locales le presten ese remanente es que tienen limitaciones para gastarlo. Ayer sumó un argumento más al desarrollar en la resolución que el depósito en entidades de crédito de esos remanentes no gastados tienen un tipo negativo de -050% para los ayuntamientos, que se ahorrarían ese gasto financiero si se lo prestan al Gobierno, que después se lo devolvería en 10 o 15 años.

USO DEL REMANENTE | De su remanente de 2019, el Ayuntamiento de Cáceres ya tiene comprometido dos millones de euros, mientras que en ejercicios anteriores se gastó gran parte del mismo en los pagos que permite la ley. Se utilizó para inversiones financieramente sostenibles, para la reducción de la deuda viva de operaciones a largo plazo, para atender las obligaciones de pago pendientes de aplicar al presupuesto y para pagar revisiones de precios a empresas que tienen en concesión la gestión de servicios que son públicos como la recogida de basura o el mantenimiento de parques.

En el caso de Cáceres se ha estado recurriendo al remanente para dotar de crédito gastos, principalmente para reducir la deuda a largo plazo con bancos. Gracias al uso de los remanentes de 2018 y 2017 se liquidaron tres operaciones de crédito. Esto hace que actualmente solo haya otras tres vivas, por las que el ayuntamiento está pagando tipos de interés positivo -los datos están en el gráfico-.

El acuerdo entre Gobierno y Femp, el real-decreto y las decisiones que se deriven de ambos son en materia de financiación municipal la decisión más importante que se ha tomado en los últimos años. En el seno de la Femp solo los alcaldes socialistas aprobaron dicho acuerdo. Salaya, del mismo partido, deberá decidir si él también lo refrenda y en concreto su objetivo principal que es que el ayuntamiento preste al Gobierno cuatro millones de la parte del remanente de la que todavía no ha dispuesto. La cantidad definitiva, en el caso de que se dé el paso, saldrá de la estimación que haga la Intervención local.