En mayo parecía claro. El Gobierno ya daba por hecho que el ayuntamiento se había enterado de la obligación de retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América y que por tanto «se daría cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica», según se especifica en la respuesta que el día 19 de ese mes dio a una pregunta del senador por Compromis Carles Mulet. Pero la insistencia de este último, senador designado por las Cortes Valencianas, ha hecho que el Gobierno se desdiga y ya no tenga tan claro este cumplimiento. Y así en una nueva respuesta, del pasado 6 de julio, ya anuncia que «próximamente se procederá a solicitar información al ayuntamiento sobre lo actuado y previsiones en relación con lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica».

Esta última contestación está motivada por el desacuerdo de Mulet con la respuesta que le dio el Gobierno en mayo, en la que se especificaba que los días 9 y 10 del pasado marzo los medios de informaciones recogieron el anuncio del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, de que el ayuntamiento se daba por interpelado respecto de la necesidad de retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América y se daría cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica.

Para Mulet esa respuesta fue «inaudita» porque él como senador no tiene «por qué conocer las declaraciones en prensa del alcalde» porque a quien interpela es al Gobierno. Por esta razón volvió a preguntar, la tercera vez, por el monumento cacereño. Inquirió al ejecutivo sobre si se ha dirigido al ayuntamiento y en qué fechas y con qué resultados, sobre qué plazo dará al ayuntamiento para actuar y pidió información sobre el contenido de las declaraciones realizadas por el alcalde los días 9 y 10 del pasado marzo.

La respuesta del Gobierno, que se circunscribió a un único párrafo, fue que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática procederá a solicitar al ayuntamiento información sobre lo actuado y previsiones en relación al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

TRASLADO DE LA CRUZ / Preguntado ayer por este asunto, el alcalde, Luis Salaya, reiteró lo dicho hace cuatro meses cuando ya adelantó, tras hacerse público el primer requerimiento del Gobierno, que la intención del ayuntamiento es el traslado de la Cruz de los Caídos, probablemente al cementerio. No dio fechas porque ahora «tenemos otras prioridades importantes». Y no ocultó cierto malestar con la insistencia de Mulet cuando aseguró que «no se preocupen, que no nos tienen que estar recordando todas las semanas los problemas que tenemos en esta ciudad con el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica».

El ayuntamiento remitirá al Gobierno la información que se solicite, aunque primero, según informó ayer Europa Press al recoger las declaraciones de Salaya, habrá que determinar si incumple o no la Ley de Memoria Histórica y en caso de que incumpla, «como es bastante probable por los informes previos que se han hecho en otras legislaturas», se tendrán que determinar «los plazos, los medios y las condiciones» para quitar la Cruz.

La Cruz de los Caídos es uno de monumentos que desde 2010 está incluido en el catálogo de bienes protegidos con un grado de preservación integral, que es el máximo nivel de protección que se establece en el catálogo, aunque en el mismo también se indica que esto no impide su traslado, una opción que ya ha estado sobre la mesa de varias de las corporaciones locales del ayuntamiento.