El Gobierno desoye el pago de los 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) a la diputación cacereña por la supresión del canon sobre producción de energía eléctrica. Esta compensación económica incluye a todos los municipios cacereños afectados por la instalación de centrales energéticas.
La petición fue recordada ayer de nuevo por la institución provincial. En este sentido, el vicepresidente Miguel Angel Morales insistió en reclamar el cobro de las cantidades pendientes al Ministerio de Hacienda, una cuestión en la que se viene trabajando desde la anterior legislatura. Señaló que estas compensaciones fueron ratificadas por la Federación Española de Municipios y Provincias en junio del año 2001, tras haber sido aprobadas dos meses antes de esa fecha por la comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares de la Femp. En el acuerdo se establecía la creación de un fondo para compensar los efectos derivados de las instalaciones de producción de energía eléctrica con una dotación inicial de 390,6 millones de euros.
Esta cantidad debería actualizarse anualmente conforme al incremento del IPC y se obtendría del importe de los recursos procedentes de la aplicación del actual criterio de distribución por producción de energía eléctrica situado en el 2,5%.
El resto de la compensación a las 11 diputaciones afectadas en España se lograría mediante una dotación anual específica de los presupuestos del Estado correspondientes a la producción de energía eléctrica, sin que ello afectara a las asignaciones del Gobierno central a las diputaciones.
Según fuentes de la Femp, la reclamación de las diputaciones sigue "parada" . El fondo se distribuiría entre las diputaciones en proporción a la potencia eléctrica instalada y a la afectación en los municipios. Asimismo, sería revisado cada cinco años.
MAYOR POTENCIA ELECTRICA
En este sentido, destaca el hecho de que Cáceres es, en la actualidad, la provincia situada en el primer lugar del ránking con mayor potencia eléctrica con 3.992 megawatios instalados, según los datos del año 2000 de la red Eléctrica de España, seguida por Tarragona con 3.806; Asturias con 3.530 y La Coruña, con 3.462.
La derogación del canon se produjo en 1986 debido a la introducción del IVA. La Femp sostiene que, a pesar de ello, deberían haberse mantenido las normas distributivas de lo recaudado por aquel canon, mediante una cantidad similar a lo recaudado por el nuevo tributo.
Los beneficios por el primer impuesto permitieron, durante el mandato del presidente Jaime Velázquez, acometer importantes inversiones como la rehabilitación del Complejo San Francisco para convertirlo en un referente cultural, así como la reforma del palacio provincial. Gracias a ello, la institución vivió una de sus épocas más florecientes al disponer de mayores recursos económicos.
