La Delegación del Gobierno en Extremadura ha frenado, de momento, dos propuestas similares a la cacereña de instalar cámaras de vigilancia en las calles, que presentaron los ayuntamientos pacenses de Olivenza y Llerena en diciembre pasado. Aunque la decisión ha sido recurrida por ambos municipios, de momento la expectativa se ha tenido que paralizar a la espera de que los tribunales digan la última palabra.
Los dos municipios plantearon la necesidad de implantar estos equipos de vigilancia para evitar los actos vandálicos, en el caso de Olivenza en el entorno de la ciudadela medieval y en el de Llerena, las cuatro esquinas y la calle Aurora. La intención de estos ayuntamientos es suplir con las videocámaras la carencia de policías suficientes para realizar la vigilancia en estas áreas.
En teoría, los planteamientos de ambas localidades podrían ser equiparables a los que argumenta la asociación de comerciantes cacereños: el vandalismo en el área de la calle Pintores.
La Delegación del Gobierno consideró en los casos de Olivenza y Llerena no se daban las circunstancias que justifiquen una medida "tan extraordinaria" que puede limitar el derecho fundamental al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas.
