TLta candidata del PP a la alcaldía de Cáceres acaba de dar un golpe de mano a la contrata del agua sin estar gobernando. Doña Elena lo hace convencida de que con esta decisión asfixia al PSOE en el gobierno municipal, pero no es consciente (al menos eso quiero pensar) de que a quien asfixia son a la empresa y a los trabajadores de Canal de Isabel II, a la empresa y a los trabajadores de Conyser, a la empresa y a los trabajadores del transporte público urbano y a muchos miles de pequeños empresarios y autónomos que ven como se esfuman sus expectativas de cobrar las deudas que el ayuntamiento tiene con ellos desde la época del gobierno del PP.

La decisión del PP en el último pleno de la corporación cacereña, apoyada por su socio de IU, es nula de pleno derecho, y quienes son abogados en ejercicio así deberían saberlo. Alejarse de los criterios de adjudicación de la Mesa de Contratación, cuando los informes jurídicos avalan su legalidad, sin motivación jurídica alguna, es como actuar al margen de la Ley; y cuando esto se hace conscientemente ya podemos vislumbrar cuales pueden ser las consecuencias jurídicas de las responsabilidades civiles y penales de los unos y los otros. La Ley de Contratos del Sector Público es clara: "No se puede quedar desierto un concurso si hay empresas que cumplen los requisitos de los pliegos", y las cuatro empresas licitantes cumplen con este requisito.

El PP argumenta su decisión de desistimiento del procedimiento al haber existido infracción no subsanable en el mismo por la confusión que los pliegos han podido generar en las empresas a la hora de licitar. Incorrecto señores del PP!! Los populares han participado activamente durante más de un año en la elaboración de los pliegos, haciendo cuantas enmiendas han considerado oportunas y votando a favor en el órgano de contratación. ¿Cómo es posible que ahora contradigan sus propios actos y aseguren que los pliegos son ilegales?, cuando estos fueron publicados en el BOE y el BOP y no fueron alegados ni impugnados por el PP.

Desde mi punto de vista, el desistimiento del procedimiento y convocar uno nuevo que defiende el PP, no sólo no tiene ninguna consistencia jurídica, sino que es una argucia legal de la derecha para en la practica dejar desierto el procedimiento de contratación del concurso del agua. La ley es clara: solo es posible desistir cuando se produce una infracción no subsanable durante el procedimiento de adjudicación (y no es este el caso, como lo confirman los informes de la legalidad del proceso, que fueron ratificados en el último pleno por el secretario y el interventor del ayuntamiento). Pero además, según la norma administrativa, el desistimiento sólo es posible cuando ya no tiene sentido el objeto del contrato, es decir, cuando la administración ya no quiere, o no tiene interés por seguir con el procedimiento de contratación. Y esta premisa que avalaría las tesis del PP, ni se dan ahora ni se darán en el futuro en Cáceres, pues garantizar que el agua salga cada día por los grifos es un derecho básico de un bien fundamental para la vida de los ciudadanos, cuyo interés general el gobierno del PSOE tiene la obligación de preservar.

¿Qué supone la decisión del PP e IU para la ciudad de Cáceres? El PP antepones sus intereses espurios de partido al interés general de los cacereños, que dejarán de ingresar en las arcas municipales más de 50 millones de euros (30 del canon inicial, más 7,5 del canon variable, más 13 millones de inversiones). Y esta es la decisión de quien aspira a gobernar esta ciudad y asegura en sus eslóganes electorales que "Cáceres tiene futuro con ella".

Pues vaya futuro nos espera con esta señora!! Espero que la inteligencia de los cacereños ponga a cada uno en su sitio.

¿Qué va hacer el gobierno? El gobierno de Heras tiene la obligación de cumplir y hacer que la ley se cumpla, y en consecuencia no escatimará esfuerzos en recurrir a los ámbitos jurisdiccionales e institucionales para garantizar el interés general de los ciudadanos.