Fin a casi 27 años de historia de uno de los establecimientos más emblemáticos de la ciudad. El Gran Café abrirá mañana por última vez sus puertas en la calle San Pedro de Alcántara antes de que el próximo miércoles se ejecute el desalojo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Cáceres, tras una larga batalla judicial que ha durado cinco años entre la sociedad que explota el local y otra que es la propietaria.
La plantilla de 15 trabajadores ya ha sido avisada de que el próximo lunes no podrán abrir al público para que puedan iniciarse las tareas de recogida de material. Empleados consultados ayer por este diario desconocían su futuro y aseguraron que Inversiones Hosteleras Cacereñas SA, sociedad que gestiona el establecimiento, no les había comunicado aún si iban o no a ser despedidos. Fuentes de esta empresa se limitaron ayer a confirmar que el cierre se producirá en los términos señalados.
La clave del fin del Gran Café está en la cesión gratuita que hizo la mercantil Sogetebex, propietaria del local, cuando se constituyó Inversiones Cacereñas en 1983. Según una sentencia del 2007 del mismo juzgado, ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial y que no fue admitida por el Supremo, Sogetebex "se reservaba la facultad de rescindir dicha cesión, previa notificación de la misma con dos meses de antelación e indemnización".
La resolución judicial que ha acarreado ahora el desalojo expone que Sogetebex tuvo acciones hasta el 2003 en la misma sociedad que explota el Gran Café, aunque decidió venderlas, requiriendo dos años después a Inversiones Hosteleras para que abandonara el local, extremo que se ejecutará finalmente el próximo miércoles.
El fallo del juez ya condenó hace tres años a esta sociedad "a desalojar" dos fincas --un local en la planta baja y otro en el sótano del edificio del número 6 de la calle San Pedro de Alcántara donde está el Gran Café--, dejándolas libres y expeditas a disposición de Sogetebex, con el apercibimiento de ejecutar un desahucio si no cumplía. La Audiencia Provincial eximió posteriormente a Inversiones Hosteleras de una indemnización de 5.000 euros al mes. Javier Ortega, abogado de los dueños del local, recordó ayer que Inversiones "solo está obligada" a devolver las fincas, no el dinero.
RESPUESTA Ahora, un auto del juez del pasado 19 de octubre desestima el último recurso presentado por Inversiones Hosteleras Cacereñas y obliga a "mantener en su integridad la resolución recurrida". También fija el acuerdo de llevar a cabo el desalojo el próximo miércoles a las 11 horas mediante la constitución de una comisión judicial.
Fuentes del sindicato UGT, al corriente de la situación, aseguraron ayer que van a demandar a la sociedad que explota el establecimiento al entender que se están produciendo "despidos improcedentes".
Estas mismas fuentes indicaron que "está en juego el futuro de 15 familias" y lamentaron que los empleados aún no hayan recibido comunicación oficial sobre su situación laboral. UGT planea realizar una protesta el mismo día que la comisión judicial acuda a cerrar el local.
