El grupo Itcarcris SL, que encabeza el empresario cacereño Domingo Valero, ofreció el 23 de noviembre del 2001 a la Universidad de Extremadura una primera oferta de compra de la Casa Grande por valor de 1.809.046,43 euros (301 millones de pesetas). La oferta se remitió al Vicerrectorado de Infraestructura y Asuntos Económicos de la Uex y se registró en el registro general de la universidad el día 26.

El empresario, que está respaldado por un importante grupo empresarial dedicado al negocio hotelero en España, aclaraba entonces su intención de conservación del inmueble mediante la construcción y explotación de un hotel de cuatro estrellas. Posteriormente, en enero de este año, se volvió a remitir otro documento elevando la cantidad inicial. Ahora, la intención del empresario es hacer del inmueble un hotel con categoría de cinco estrellas.

Paralelamente a esta negociación, la Uex se dirigió este año al ayuntamiento solicitando información urbanística sobre el uso hotelero de la parcela que ocupa la Casa Grande. Fuentes municipales indicaron que el consistorio contestó que "si bien el uso pormenorizado es el docente", la casa tiene "otros usos globales compartidos, entre los que se encuentra el hotelero". El inmueble está situado en la calle Pizarro, una zona protegida por el Plan Especial, que contempla que esta parcela pueda destinarse a ese fin empresarial.

Cuando la universidad atravesó problemas económicos, no se descartó la venta de patrimonio. Hace poco, la Universidad de Extremadura confirmó que le habían llegado ofertas de venta, aunque nunca se ha pronunciado oficialmente sobre su decisión final.

TRAMITE ADMINISTRATIVO

No obstante, el proceso de compra, de producirse, no es sencillo y requiere un largo proceso administrativo. Para empezar, la universidad debe contar con la previa autorización del Consejo Social para todos los actos relativos a la disposición de los bienes inmuebles y la desafectación expresa de los bienes públicos.

Pero aún hay más. Según indica el artículo 80.3 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), para los actos de disposición de los bienes inmuebles, se precisa acuerdo de la universidad y de su Consejo Social, de conformidad con las normas de la comunidad autónoma.

Es decir, no es descartable, según la interpretación de esta misma ley, que la Junta de Extremadura deba pronunciarse cuando se trata de venta o enajenación de ese tipo de bienes públicos.

Más información:

"Cuando se decida algo, lo comunicaremos oficialmente"

El Consejo Social no tiene información alguna sobre el futuro de la casa