La aceptación por parte del ayuntamiento de los resultados económicos del ejercicio del 2002 presentados por Busursa, la empresa que gestiona el transporte público en Cáceres, abre la puerta para poner fin a la disputa judicial iniciada hace dos años entre la sociedad del grupo G&G, que tiene entre sus empresas cabeceras a Viajes Marsans y Spanair, y el consistorio por la cantidad que el ayuntamiento debe aportar anualmente para cubrir el déficit del autobús. "En el próximo consejo de administración se va a decidir, aunque hay muchas posibilidades" de quitar el recurso, dijo ayer José Manuel Domínguez, gerente de Busursa.
COLAS PARA TENER LA TARJETA
El ayuntamiento no ha aceptado la totalidad de los resultados de los ejercicios de 1999, 2000 y 2001 por entender que el primer año del contrato de concesión del autobús a Busursa no es revisable, por lo que excluye el IPC de 1999, que la empresa sí incluye en sus cuentas, lo que condiciona los resultados de los ejercicios siguientes. Busursa cifró las pérdidas del 2001 en 1,47 millones, y el ayuntamiento valoró que el déficit fue de 1,26 millones.
Los números del 2002, con una pérdida de 1,64 millones, presentados por la empresa se han aceptado al considerar ahora el ayuntamiento que el primer año de la concesión sí es revisable. La decisión municipal no es firme, debe aprobarlo la nueva corporación, aunque ya hay un dictamen de la comisión de Hacienda y el acta de esa reunión se aprobó ayer en el último pleno de la corporación municipal que está en funciones.
Fuentes de Busursa recordaron ayer que la tarjeta mensual se puede recargar con dos meses de antelación y en cajeros de Caja Duero, con lo que se evitarían las colas que a primero de mes se forman en la oficina de la empresa.
