La Guardia Civil interviene más de 7.500 objetos arqueológicos procedentes del expolio de 14 yacimientos de Jaraíz, Monroy, Trujillo y Talayuela, en la operación Badia en la que detuvo a siete personas y a las que se les acusa de delitos de expolio de restos arqueológicos y daños, y se realizaron seis registros domiciliarios. También fueron imputadas por los mismos delitos otras cuatro personas. Los ahora detenidos vendían los efectos a coleccionistas de España y del extranjero.
Según la agencia Europa Press, las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2009 cuando la Benemérita tuvo conocimiento de la existencia de un grupo de personas residentes en varias localidades de la provincia de Cáceres, cuya actividad consistía en el expolio de zonas de interés arqueológico de esta provincia.
Una vez identificados los integrantes del grupo y sometidos a vigilancia, se observó cómo algunos de ellos, provistos de detector de metales y útiles para excavar, "se dirigían en ocasiones por la noche, a zonas o localidades donde existen yacimientos arqueológicos para llevar a cabo su actividad ilícita".
Igualmente, los agentes constataron que uno de los detenidos, residente en Casar de Cáceres, adquiría objetos expoliados por el resto del grupo u otras personas a los que daba salida a través de portales de internet dedicados a la oferta o subastas de este tipo de material.
Una vez identificados todos los implicados y sus lugares de residencia, los agentes procedieron en las localidades cacereñas de Navalmoral de la Mata, Monroy, Casar de Cáceres, Plasencia y Cáceres capital, a la detención de siete personas, a la imputación otras cuatro y a la práctica de seis registros domiciliarios
Los objetos
En los domicilios registrados, los agentes se incautaron de diez detectores de metales; mapas topográficos con indicaciones de yacimientos; herramientas para la limpieza de material arqueológico, y material para el empaquetado y envío al extranjero de objetos arqueológicos.
La Guardia Civil detalla que los agentes están analizando la documentación intervenida para poder determinar otros yacimientos expoliados o personas implicadas.
La operación ha sido llevada a cabo por la Sección de Patrimonio Histórico de la Guardia Civil, Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres y otras Unidades del mismo Cuerpo de las zonas afectadas.
También se contó con el asesoramiento y apoyo la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, que por medio de sus arqueólogos ha realizado los informes técnicos de las zonas expoliadas, valorando los daños causados en la extracción de las piezas del terreno en unos 140.000 euros.
Finalmente, la Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que la legislación sobre patrimonio histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin la preceptiva autorización y que el hallazgo de forma casual, deberá ser entregado inmediatamente a la Administración,
