TStin duda el problema de escasez de viviendas a precios asequibles es, hoy día, uno de los más acuciantes, especialmente en los núcleos más urbanizados, al que no es ajeno nuestra región. Frente a él la Junta de Extremadura ha optado, quizá por un interés partidista, por convertirse en el ariete de una política de viviendas que pretende ser ejemplo a imitar y guía para otras administraciones.

Desde la Administración regional una de las soluciones que se han propuesto para abordarlo es el desarrollo de promociones urbanísticas con la aplicación de la figura del Proyecto de Interés Regional (PIR). Figura que le permite agilizar trámites y eludir normativas (como la urbanística) para llevar a cabo determinados proyectos, que como el nombre indica, sean de interés para la región.

De esta manera se quiere desarrollar en varias ciudades extremeñas promociones de viviendas a sesenta mil euros. Sin embargo nuestra Administración regional parece haber olvidado que construir viviendas no implica hacer ciudad y, en algunos casos, puede ser hasta lo contrario.

No hace mucho, una jornada organizada por el Colegio de Arquitectos de Extremadura ya puso de manifiesto lo inadecuado de utilizar para estos proyectos urbanísticos la figura del PIR, así como de enfrentar ciudad existente y nueva ciudad y de oponer estos proyectos al planeamiento urbanístico en vigor.

Centrémonos en el proyecto de viviendas a sesenta mil euros en Cáceres. Es difícil entender que para intentar solucionar el problema de la vivienda en esta ciudad la administración regional haya optado por construir un núcleo urbano totalmente nuevo que acogerá a unas doce mil personas a unos tres kilómetros del casco urbano consolidado en dirección al Casar de Cáceres.

Piénsese bien: un núcleo urbano nuevo, con más población que el Casar y con un 15% de la población cacereña, alejado de la ciudad actual. Por habitantes sería el tercer núcleo de la provincia, creado ¿de la nada y en la nada?

Este núcleo recogerá todos los inconvenientes imaginables. Comencemos con su ubicación: al tratarse de viviendas protegidas se favorecerá la creación de un nuevo gueto social, allá junto al polígono ganadero, "apartado" y alejado de la ciudad durante muchos años hasta que el desarrollo urbanístico normal lo integre. Este extrañamiento parece una medida asocial, impropia de políticas progresistas.

Hubiera parecido más aceptable que la Junta hubiese buscado para estas numerosas viviendas terrenos más próximos a la ciudad, incluidos en las zonas de próxima expansión urbana, y diseminados en diversos polígonos en lugar de concentrados en uno sólo. En este caso parece que la Administración regional ha sucumbido ante los cantos de sirenas de unos propietarios de terrenos que han querido hacer negocio cuanto antes.

Ha de tenerse, también, en cuenta que los terrenos elegidos tienen varias zonas de reserva arqueológica que no han sido consideradas a la hora de distribuir viviendas y espacios comunes, pero que obligatoriamente han de modificar el proyecto. Más grave aún es que esos terrenos están dentro de la ZEPA de los Llanos de Cáceres y tanto la legislación regional, incluida la que regula el desarrollo de los PIR, como la legislación europea prohiben claramente actuaciones urbanísticas en estos espacios integrados en la red europea de espacios protegidos denominada Natura 2000, por lo que la Unión Europea podría tomar drásticas medidas de seguir adelante el proyecto.

Una vez construida esta nueva y alejada ciudad, suponiendo que pueda construirse, sería necesario dotarla de una serie de servicios: recogida de basuras, transportes públicos, colectores para las aguas residuales, y un largo etcétera cuyo coste sólo puede incrementarse con la lejanía, por lo que al final acabaría recayendo en los bolsillos de todos los ciudadanos.

También sería necesario dotarla, desde el principio, de colegios, guarderías, centros médicos, lugares de culto religioso, zonas verdes, etc.

Dotaciones que sin duda supondrían otra carga más sobre la sociedad.

La cuestión del tráfico no puede olvidarse. De las más de doce mil personas que vivirían en este barrio alejado y de nueva creación un porcentaje muy alto tendría que desplazarse a Cáceres, o a otros núcleos, diariamente a trabajar y a realizar gestiones, ¿cuántos vehículos entrarían en Cáceres diariamente por la carretera del Casar?, ¿está preparada la ciudad para ello?.

En fin, tampoco hay que dejar atrás que este proyecto significa destruir el modelo urbanístico de Cáceres reflejado no sólo en el planeamiento en vigor sino incluso en el que se está revisando actualmente.

En ocasiones da la impresión de que Junta y Ayuntamiento compiten para ver quien promueve mayores disparates urbanísticos en la ciudad. Ambas coincidieron, de manera ilegal según los tribunales, con el nefasto Residencial Universidad construido al amparo de la también nefasta ley del kilómetro. Ahora la Junta hace un órdago y aumenta el disparate urbanístico (y económico), pasando a la ley de los tres kilómetros, para crear un gueto social.

Desde el Foro de Urbanismo de Cáceres, entidad que agrupa a profesionales, colectivos y ciudadanos cacereños preocupados por el desarrollo urbanístico de la ciudad, creemos que en lugar de estas desmesuras, tan mediáticas pero escasamente sostenibles, hubiera sido necesaria la colaboración de ambas instituciones para, aportando el ayuntamiento los terrenos que recibe con la expansión urbana y la Junta el apoyo técnico y el procedimiento administrativo de que dispone, crear una solución integrada y no discriminatoria, sostenible social, urbanística, ambiental y, también, económicamente. Pero eso parece una utopía mientras nuestros responsables políticos sigan estancados en la trasnochada mentalidad desarrollista de los años sesenta del siglo pasado y no comprendan que hacer viviendas no significa hacer ciudad, y que en algunos casos, como en éste, puede ser lo contrario.