El Ministerio de Hacienda ha aprobado el plan de ajuste que presentó el ayuntamiento. Este plan es una exigencia del ministerio para que el ayuntamiento ofrezca garantías de que podrá afrontar la operación de crédito que concertará en los próximos días para el pago de una deuda de 2,8 millones a las cuatro empresas y a la asociación que se han acogido a este mecanismo de pago. La aprobación del plan "es un alivio para las arcas públicas", destacó ayer la alcaldesa, Elena Nevado, quien añadió que, en un principio, la operación de crédito se aprobará en el pleno ordinario de noviembre.

El plan es parte del trámite regulado en el real decreto ley de junio de 2013 que aprobó el Gobierno para abrir un nuevo proceso para pago de deuda a proveedores de las entidades locales, ampliando los criterios para acogerse al mismo. No ha tenido una gran aceptación en Cáceres. Solo se pagarán deudas con cuatro empresas: Canal de Isabel II, a la que va la mayoría de los 2,8 millones, Subus y una Ute participada por Ferrovial y Prosegur.

El plan de ajuste incluye medidas como la congelación del gasto corriente. Las previsiones que hay para el año 2014 son que baje y que a partir de este ejercicio se mantenga con un incremento anual máximo del 1%. Otra medida, que aparece en el real decreto ley, es que cada año de duración del plan, es hasta 2023, se tiene que aprobar un tipo de gravamen para el IBI que garantice al menos el importe global de la cuota del ejercicio anterior. Esto conllevará que la subida provisional que se aplica desde 2012, y que en principio debe eliminarse en 2015, se mantendrá hasta 2023.

EXPROPIACIONES Nevado se refirió ayer a que a esta operación de pago se podrían haber acogido los propietarios de terrenos a los que el ayuntamiento debe 16,1 millones, solo de principal y sin los intereses, de 19 expedientes de expropiaciones. Sin embargo, "ninguno se ha acogido" a este mecanismo para el pago de deuda, no lo han hecho "por no renunciar a los intereses y a las gastos" jurídicos, apuntó la alcaldesa, ya que el real decreto ley establece que se debe renunciar.