El Ministerio de Hacienda cuantifica en 5,5 millones la deuda del ayuntamiento en la cuenta 413 (facturas y gastos pendientes de su aplicación a los presupuestos para que se doten de partida con la que afrontarlos). Lo hace en una relación hecha pública este mes con saldos de la cuenta 413 de los ayuntamientos (no todos los consistorios aportan información) a fecha de 31 de diciembre de 2015 y al término del primer trimestre de 2016. Que los ayuntamientos afronten estas facturas ha sido uno de los objetivos de Hacienda en los planes de pago a proveedores que se han promovido en los últimos años. La primera gran limpia de deuda que estaba pendiente de reconocer (de gastos hechos en años anteriores sin respaldo presupuestario o no previstos como las sentencias de los justiprecios de las expropiaciones) se hizo en Cáceres con el plan de saneamiento de 2009 cuando se atendió el pago de 27 millones de gastos sin aplicación presupuestaria.

La cifra de 5,5 millones es a fecha del pasado 31 de marzo. El de Cáceres es uno del medio centenar de ayuntamientos del país con un débito que supera los 5 millones, aunque en la relación de Hacienda no todos aportan los datos sobre la cuenta 413.

Hace dos años y medio, la deuda del Ayuntamiento de Cáceres de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto se acercaba a los 13 millones de euros, la mayoría era de justiprecios de expropiaciones cuantificados en sentencias. Parte de ese débito se reconoció con cargo a un crédito con Caixabank por importe de 8,7 millones que se concertó en el verano de 2014, lo que facilitó que la cuenta 413 quedase en 4 millones al término de ese año, cantidad que se ha incrementado de nuevo hasta llegar el pasado 31 de marzo a 5,5 millones, un aumento que en parte está motivado por la deuda con la diputación provincial por el servicio de bomberos.

EMPRESAS Dentro de esos 5,5 millones de euros de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto había al cierre del pasado año deuda a empresas que tienen en concesión la gestión y la prestación de servicios que son titularidad del ayuntamiento, como parques y jardines, limpieza de centros escolares, conservación de dependencias municipales y los autobuses urbanos (entre los cuatro servicios suman unos dos millones de euros). El otro gran acreedor (con unos 3 millones de euros) es la diputación provincial por el servicio de bomberos.

Estos 5,5 millones es deuda del ayuntamiento, pero no están contabilizados dentro del débito por las obligaciones reconocidas y pendientes de pago, que al cierre de 2015 ascendía a 17,5 millones, además no se computan para el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales, que en 2015 ha sido positivo por primera vez tras 11 años de déficit. Si los 5,5 millones se hubiesen tomado en consideración para calcular el remanente, algo que en todas las liquidaciones presupuestarias, incluso hasta en la del ejercicio de 2015, no se ha hecho, el remanente de tesorería habría sido negativo. Además de estas dos cantidades de deuda (5,5 y 17,5 --de las obligaciones reconocidas, que se ha reducido ya que en 2014 eran 21,1 millones--), está la de las operaciones de crédito a largo plazo (que supera los 20 millones), débito que se va pagando en las anualidades de amortización concertadas.