Hacienda ha vendido ya parte de los inmuebles de Demarcación de Carreteras, conocidas como las viviendas de los Camineros que sacó a subasta. Según confirma a este diario la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, el ministerio ha adjudicado los dos adosados por 74.500 euros y 86.000 euros. El precio de salida para las unifamiliares era de 74.500 euros y 77.195 euros, según recoge el Boletín oficial del Estado. Por el contrario, en cuanto a los cinco pisos que se ofertaban, aseguran que no se interesó nadie. La cantidad de partida de los cinco de 55.342 euros. La puja se celebró el 20 de diciembre y contemplaba, además, otra decena de inmuebles en diferentes puntos de la provincia cacereña.

Estas propiedades se encuentran en El Vivero, en la renombrada calle Viviendas de Camineros, y finalmente fueron puestas a la venta después de que se resolviera el litigio que enfrentó al Gobierno central y a cinco de los trabajadores de Fomento en activo que pedían en 2017 que se les adjudicaran las viviendas. Estos empleados acudieron a los tribunales y se acogieron al estatuto por el que serían beneficiarios «los camineros y operarios fijos, de plantilla, adscritos al Servicio de Carreteras» pero el ministerio desestimó su petición y alegó que no tenían derecho a esas viviendas «desde que los trabajadores de las demarcaciones no se ocupan de conservar las carreteras».

Mejor suerte corrieron los empleados públicos también de los Camineros pero residentes en el único edificio que pertenece a la Junta de Extremadura. Fue en 2015 cuando el Gobierno regional, entoncescon Monago al frente, ofertó las propiedades para que los empleados pudieran adquirirlas por 39.000 euros después de que los trabajadores llevaran algo más de tres décadas reclamando su propiedad. En total, esta operación supuso que las arcas regionales se embolsaran alrededor de 300.000 euros.

Cabe recordar que estas viviendas se construyeron en los años 70 y fueron adjudicadas durante años al personal del parque de maquinaria de la ciudad en activo hasta que hace tres Demarcación de Carreteras determinó que «no eran necesarias para el servicio» y pasaban a tener la consideración de bien público.