El 14 de marzo Cáceres paró y desde entonces el avión de los servicios sociales se mantiene en posición ‘crab’, esa técnica aeronáutica que trata de sostener las alas niveladas para contrarrestar la fuerza del viento durante el aterrizaje. Sortear con éxito los profundos desequilibrios en esta pista del coronavirus requiere la presencia de pilotos con destreza para salvar a los cientos de tripulantes que se han visto obligados a viajar en esta nave de la pandemia. María José Pulido ha lidiado de cerca en 2020 con «el complejo mogollón» derivado de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente que ha atacado a la ciudad con especial virulencia. «Hemos sufrido una situación muy difícil que nos ha enseñado a entender la enfermedad, el confinamiento, la necesidad, y en todo ese proceso hemos tenido el apoyo de la ciudadanía», explica la concejala de Asuntos Sociales, que agradece la ola de solidaridad demostrada.
En la hora del balance hay que retrotraerse al inicio del virus. Entonces hubo que afrontar la excepcionalidad convertida desgraciadamente en normalidad y ello fue posible tras la decisión política del alcalde cacereño, Luis Salaya, de destinar el 20% del superávit presupuestario a esta concejalía, cerca de un millón de euros. «Las familias vulnerables viven al día; si no trabajan no comen, si no hay comida en el Banco de Alimentos, no comen sus hijos», narra Pulido.
Se trata de familias en extrema vulnerabilidad, y el ayuntamiento precisa disponer de los recursos que merecen «de manera inmediata y organizada». Muchas de ellas procedían de barrios como Aldea Moret, Llopis Ivorra o Mejostilla, especialmente castigados por la crisis económica. No era suficiente con las subvenciones tradicionales de la ordenanza municipal sobre alquiler, hipotecas, alimentación o suministros. Había que ir a más porque el número de afectados aumentaba y las penurias eran cada vez mayores.
El covid ha obligado al equipo de gobierno a mejorar, por tanto, el modelo de servicios sociales aplicado hasta antes de la pandemia. Ha sucedido también con las personas mayores. Era imprescindible cuidar, por ejemplo, de todas aquellas que vivían solas no por decisión propia sino por circunstancias de la vida. De modo que acercar a los cuidadores a sus casas ralentizaba el tiempo de ingreso en las residencias, que además de foco de contagio agravaba su soledad puesto que en los centros tampoco podían recibir visitas.
La concejalía arbitró disposiciones hasta entonces inusuales, como un servicio de lavandería para que una empresa se ocupara de la ropa de los vulnerables. Desgraciadamente no se presentó ninguna propuesta y eso que salió a licitación en dos ocasiones. Por suerte, la sociedad civil no desfallecía y una red de solidaridad con el nombre de Red Cor se empleó a fondo con los desheredados del sistema, lo mismo hicieron los restaurantes, que a través del programa Mi Menú repartieron comida.
Con la infancia se efectuó una gran tarea. No en todos los domicilios disponían de acceso a internet (se han concedido 4.400 euros en tablets) y los que tenían becas de comedor presentaban dificultades para acceder a las mismas por las restricciones de movilidad que imponía el confinamiento.
El Instituto de Asuntos Sociales tuvo que atender situaciones agravadas por la pandemia, como las mujeres víctimas de violencia de género. «La policía local con sus rastreos y los dueños de los apartamentos turísticos cediéndolos para sacarlas del infierno efectuaron un trabajo impagable», recuerda la concejala.
Lo mismo ocurrió con los pisos en los que se ejercía la prostitución, «que han sido una bomba». Mujeres enfermas, encerradas en habitaciones lúgubres tuvieron que ser liberadas del abismo. «El personal de Igualdad, el 112 y el 016 fueron fundamentales», indica Pulido.
Las empleadas de hogar, muchas internas y la mayoría migrantes, se quedaron sin casa de un día para otro; los sintecho ocuparon las plazas del albergue de Valhondo, el Centro Vida junto a Renfe y ahora el que gestiona Cáritas en Clavellinas. Los dramas lo fueron aún más en las personas dependientes de adicciones que padecieron situaciones «preocupantes».
Para paliar la calamidad se aplicaron cifras económicas en forma de ayudas. 9.800 euros para leche maternizada, 11.196 en farmacia, 30.711 para organizaciones sociales, 43.200 para mayores, 1.300 euros en traslado en taxi, 3.666 para la ampliación de la teleasistencia, 40.000 en Epis, 5.000 en ayudas a mujeres, 8.000 en alimentos, 848 en seguros para los voluntarios, 1.500 para el comedor de La Milagrosa, 50.000 en el Centro Vida, 21.000 en el de Clavellinas, 17.000 en el albergue de Valhondo, 27.000 en campamentos de verano y 4.192 en pagar entierros. Tras los números, demasiada desdicha.
