Para Nahum Álvarez Borja (Losar de la Vera, 1960) la prisión cacereña no es nueva. Ya fue director del centro penitenciario Cáceres II entre 1994 y 1999. Entonces en la ciudad estaba en funcionamiento también el edificio de Héroes de Baler. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Wuppertal y accedió al cuerpo técnico de Instituciones Penitenciarias en el 87. Ha estado al frente de los centros de Granada (2004 a 2010) y Murcia (2011 a 2012) y tras siete años como director de Programas en la prisión granadina, regresa para sustituir en el cargo a José Pedro Rejas. Tomó posesión a finales de octubre. Álvarez se incorpora a la dirección de la institución , que este año alberga una media de 447 internos, el 44% reincidentes. El perfil más recurrente es un varón entre 41 y 60 años con una condena entre tres meses y tres años.

-Ha mencionado en alguna ocasión usted que uno de sus objetivos es «abrir más la prisión» a la sociedad, ¿a qué lista de tareas se enfrenta en el nuevo cargo?

-Hay que decir que la labor que se ha hecho es muy buena, hay que continuar con lo que se ha hecho y marcar nuevos objetivos, entre ellos ese, un grado mayor de apertura del centro al exterior. También hay que facilitar un mayor grado de contacto con el exterior de los reclusos, en definitiva, prepararles para la vida en libertad, para la reinserción.

-Y en el caso de Cáceres, ¿cuál es la tasa de reinserción?

-Si vemos el índice de fracaso de permisos es insignificante. Siempre hay un riesgo pero mayor riesgo es excarcelar a una persona cuando cumple su condena sin haberla preparado previamente. No podemos ponerlo en la calle y lavarnos la manos, debemos intentar actuar con él porque la vida en la prisión es muy distinta a la de la calle. Hay reincidencia, pero también hay que tener en cuenta que el perfil actual de recluso poco tiene que ver con el que había hace años, ahora hay un número importante de delitos contra la seguridad vial, también en el ámbito de la violencia familiar que antes no se perseguían, ese clásico perfil de delincuente drogodependiente, joven y de delito contra la propiedad, ya no es el mayoritario.

-¿Qué programas se llevan a cabo en Cáceres para conseguir esa reinserción? Dijo usted que mantener un interno ronda los 25.000 euros.

-Algo más. Es un elevado coste. Tenemos en España la tasa de reclusión de las más elevadas de Europa. A pesar de la creencia popular, la estancia en prisión es más alta que en otros países. Y en el caso de Cáceres, el 40% de los internos realizan alguna tarea educativa. Hay ocho maestros de la Junta que trabajan aquí, hay actividad de ocio y deportivas. Echo en falta actividad laboral, hay 80 internos que trabajan pero son tareas de prestación de servicios para la propia administración. Nos gustaría que empresas externas usaran nuestras instalaciones para hacer trabajos productivos. Es uno de los objetivos. Será beneficioso para la empresa y para los reclusos.

-Sindicatos denunciaron hace meses que programas para internos por violencia de género o violencia sexual no se podían llevar a cabo precisamente porque no había personal suficiente.

-Estamos con los pocos recursos que tenemos. Hay dos psicólogos y podemos llegar adonde llegamos, otro de los objetivos que marco es la colaboración con otras entidades. En Cáceres internos que estén por algún delito contra la mujer, hay alrededor de 80. Son ámbitos que tenemos que abordar para evitar la reincidencia.

-En el 2018 en Extremadura hubo denuncias de 13 agresiones a funcionarios y en los últimos meses se han puesto sobre la mesa dos problemas principales: la falta de personal y la falta de recursos para internos con problemas de salud mental.

-La situación no es óptima pero en los últimos dos años ha habido convocatoria de plazas de funcionario. Ahora en enero hay 900 nuevas plazas. Es un tema a nivel nacional que hay que solventar. Más problemático es la falta de médicos, aunque se convocan plazas no se cubren. Es grave pero se puede resolver cumpliendo la ley, es decir, que las comunidades autónomas asuman la competencia en materia de sanidad de prisiones. Hasta ahora solo lo ha hecho el País Vasco.

-¿Qué nivel de conflictividad hay en la cárcel de Cáceres?

-Es bajísimo. Es una tendencia a nivel general. Es cierto que hay internos problemáticos porque tienen problemas de salud mental. A veces las prisiones se han convertido en una alternativa a los psiquiátricos.

-Coincidió su toma de posesión como director con la polémica entrada en prisión de los hosteleros de La Madrila. Ahora saldrán con el tercer grado.

-Yo no entro a valorar la sentencia, pero lo que está claro es que estas personas reúnen el perfil para tener el permiso. Para nada ha habido un privilegio, por si hay alguien que lo cree, en cualquier caso parecido, actuaríamos exactamente igual.