La exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, ha defendido que las decisiones que tomó en los expedientes que se abrieron a los locales de La Madrila por el ruido las adoptó conforme a los informes de los técnicos, porque su intención era "ayudar a los vecinos" e "intentar" acabar con el problema del ruido y ha añadido que su función se limitaba a la firma de las resoluciones una vez concluía el proceso, que cumplía "a rajatabla".

"Yo entendía que había personas que conocían estas cuestiones mejor que yo y que tomarían las decisiones adecuadas y firmaba las resoluciones en el convencimiento de que era lo que tenía que hacer", ha dicho la exregidora cacereña que ha subrayado que "todo lo hizo conforme al asesoramiento técnico" y basándose en las actuaciones de la Policía Local.

Heras, que ha sido la primera acusada en declarar en el juicio del ruido de La Madrila en Cáceres, se enfrenta a una pena de un año y nueve meses de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental y contaminación acústica, y a diez años de inhabilitación para ocupar cargo público. También está acusado el exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado y once hosteleros que regentaban nueve locales.

En su declaración en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital cacereña ha señalado que cuando ella llegó a la alcaldía, en 2007, La Madrila, donde "había muchos bares", ya estaba declarada como zona saturada de ruidos y ella se encontró "una situación consolidada" desde hace años y que "conocía todo Cáceres". De hecho, había expedientes abiertos desde el 2004, muy anterior a su llegada, por lo que ha defendido que "habría que preguntar al alcalde de aquél año".

Ha insistido que, durante su mandato, "intentó poner fin a esta situación" y su Gobierno, que estaba en minoría en el consistorio cacereño, "tomó las medidas que están a su alcance dando instrucciones para arreglar esta situación de los vecinos". Entre otras cosas, se impulsó la aprobación de una nueva ordenanza de ruidos porque la anterior "estaba obsoleta", ha dicho.

Esa ordenanza, que obligaba a la insonorización de los locales y a una nueva distribución de horarios de apertura en función de la actividad, se aprobó en el Pleno del 21 de mayo de 2009 y posteriormente se impugnó por entender que las penas eran muy rigurosas, lo que llevó a su paralización hasta que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), aunque se volvió a impugnar ante el Tribunal Supremo.

Los expedientes

El Ministerio Fiscal se ha interesado por el proceso de los expedientes que se habrían incoado y por el seguimiento que la entonces alcaldesa hacía de ellos, para lo que ha mostrado a Heras una serie de documentos con algunos expedientes sancionadores a bares de copas en aquella época y sus resoluciones, algunas llevadas a cabo tras el requerimiento de Fiscalía o, incluso, del Defensor del Pueblo.

Heras ha explicado que cuando había una denuncia por ruidos, el asunto pasaba a un técnico para elaborar el expediente con la instrucción del concejal de Seguridad Ciudadana, que también se sienta en el banquillo, y la firma de la alcaldesa aparecía "cuando termina todo el proceso". "No somos técnicos y la prudencia nos hacía no cuestionar a los técnicos", ha subrayado en su declaración.

"Cuando llegaba algún documento o alguna providencia para firmar lo hacía con total tranquilidad porque confiaba en los expertos que tenían que hacer ese trámite", ha indicado la regidora en alusión a la Policía Local, que insiste en que "hay un principio de confianza en la persona que lleva los expedientes". "Yo sigo totalmente el procedimiento estipulado para incoar el expediente", ha subrayado.

Además, ha recordado que en su mandato se abrieron "muchos" expedientes sancionadores y, de hecho, el 12 de marzo de 2012 la justicia decidió clausurar ocho locales. Cuatro hicieron obras de insonorización y, aunque posteriormente se levantó la medida cautelar que los mantenía cerrados, algunos siguen sin abrir sus puertas.

Heras, que ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal y de su abogado defensor pero no a las de la acusación particular, ha defendido que su Gobierno "siempre" estuvo "muy pendiente" de este problema del ruido para intentar solucionarlo.

Con la declaración de la exalcaldesa ha arrancado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de la capital cacereña este juicio del ruido en la zona de copas conocida como La Madrila. En el banquillo se han sentado, además de Heras, el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, más once hosteleros propietarios o arrendatarios de nueve establecimientos de la zona, principalmente ubicados en la plaza de Albatros.

Tres delitos

A tres de los hosteleros se les imputan, además, presuntos delitos de lesiones al entender que la imposibilidad de descansar por parte de los vecinos que vivían próximos a los locales les ha causado problemas continuados de salud, como depresiones o alteraciones del sueño.

Heras y Jurado han llegado a los juzgados acompañados por buena parte de responsables provinciales y locales del PSOE, partido por el que ambos ocuparon sus cargos en el Ayuntamiento de Cáceres desde 2007 y hasta 2011.

Los hechos han llegado a juicio tras una instrucción de cinco años y después de la denuncia interpuesta por la Asociación Cacereños contra el Ruido, que actúa como acusación particular en defensa de los vecinos que han venido sufriendo molestias continuadas por el ruido durante años.

Cabe recordar que para los dos excargos públicos (Heras y Jurado) la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para cada uno de ellos y 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para los once empresarios, el Ministerio Público solicita la pena de tres años de prisión para cada uno de ellos.

Los nueve locales afectados son Súgar, Maquiavello, LaBelle, Tacones, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos, muchos de ellos ya cerrados sin actividad y otros en funcionamiento tras realizar obras de insonorización. A sus once responsables también se les exige, por parte de la acusación particular, el pago en concepto de responsabilidad civil a una veintena de vecinos que la acusación particular cifra en 297.000 euros.

Precisamente, la abogada del Ayuntamiento de Cáceres, que está presente en el juicio como responsable civil subsidiario por si tuviera que hacer frente a las indemnizaciones solicitadas por la acusación particular, ha pedido que prescriba la acción civil y, por lo tanto, no haya lugar a posibles indemnizaciones. Su petición ha sido rechazada por la jueza.

En las alegaciones previas, varios abogados defensores han pedido la prescripción de los hechos ya que han argumentado que los primeros conocimientos que tienen algunos propietarios a través de denuncias se datan en el año 2009, por lo que han prescrito los delitos de ruido tras el paso de los tres años preceptivos. La jueza, sin embargo, ha señalado que se trata de un tema de fondo y se resolverá en la sentencia.

Otro de los letrados defensores ha pedido que los hechos sean juzgados en la Audiencia Provincial al entender que el Juzgado de lo Penal no era competente, pero la petición también ha sido desestimada por la jueza.

Se estima que el juicio se prolongue durante varias jornadas en las que tendrán que declarar el resto de acusados y los numerosos testigos, por lo que la vista oral se podría alargar hasta el 31 de octubre. Ese día podría ser cuando los abogados, el Ministerio Fiscal y la acusación particular realicen sus peticiones y los acusados puedan también intervenir antes de que quede visto para sentencia.