Al menos cuatro informes técnicos de los servicios del ayuntamiento y la Agencia Extremeña de la Vivienda ponen peros a la operación urbanística prevista en la parcela del colegio Las Carmelitas para la instalación de un centro de El Corte Inglés.
El grupo municipal socialista en la oposición volvió a referirse ayer a estos informes "desfavorables" para asegurar que el alcalde, José María Saponi, "falta a la verdad" cuando garantiza la legalidad de la operación. "O el alcalde no se lee los informes, y por tanto desconoce su contenido, o de manera intencionada está engañando a los cacereños", reiteró ayer Carmen Heras, portavoz del PSOE.
Saponi ratificaba en la entrevista concedida a EL PERIODICO y publicada ayer que la actuación es "absolutamente legal y beneficiosa" y que los informes jurídicos de la Junta, los del equipo de redacción del Plan General Municipal y de los técnicos del ayuntamiento así lo dicen.
OBJECIONES TECNICAS Este diario ya publicó en julio las objeciones que los informes técnicos de los servicios municipales planteaban a la actuación en materia de infraestructuras y urbanismo, en algunos casos por no ajustarse a la ley de suelo extremeña. El último de estos informes, emitido este mes por la sección de Planeamiento, cuestiona una de las fórmulas legales para acometer las variaciones urbanísticas previstas.
Así, estima que "en ningún momento se debe permitir la alteración del uso de dichas parcelas mediante la tramitación de un estudio de detalle", ya que tal y como está planteado, es una posibilidad que se "escapa" de lo que establece la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Lesotex), según el documento al que ha tenido acceso este diario. Otros tres informes, uno de ellos de la Agencia Extremeña de la Vivienda, cuestionan igualmente aspectos urbanísticos y legales del convenio.
Según el PSOE, la operación es "tan ilegal" que "ni siquiera ha encontrado el consenso de su grupo", recordando la oposición del edil Rodríguez Cancho. Carmen Heras reiteró su apoyo a El Corte Inglés porque "dará vida a la ciudad", pero "debe realizarse con todas las garantías legales y la máxima transparencia".
