La mayoría de los hosteleros de La Madrila ya ha reunido el dinero para hacer frente a las indemnizaciones. La responsabilidad civil asciende a casi 100.000 euros, cantidad que los once empresarios condenados deberán abonar a catorce vecinos para resarcir los daños ocasionados por los ruidos emitidos (cada hostelero debe pagar una cantidad diferente en función del número de vecinos a los que tiene indemnizar y de las lesiones que les causó).

La Audiencia acaba de declarar firme la sentencia que condena a dos años y medio y dos años y tres meses de cárcel a once hosteleros de La Madrila por delitos de contaminación acústica. También condena a la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal Carlos Jurado a un año y nueve meses de prisión por un delito de prevaricación medioambiental. Lo que acaba de concluir la sala es la resolución de las aclaraciones a la sentencia que habían solicitado los abogados de los hosteleros, paso necesario para que el fallo fuera firme.

Lo siguiente será trasladar el caso al Juzgado de lo Penal Número 2 (se hará en los próximos días), órgano al que compete decidir si ordena la ejecución de la sentencia; aunque no existe un plazo ni mínimo ni máximo para tomar esta decisión. Lo que hará la jueza titular a partir de ahora es solicitar a las partes si tienen algo que alegar a la ejecución de la resolución (en este caso deberán pronunciarse en cuanto al pago de indemnizaciones y a la entrada en prisión, ya que las penas de todos los acusados son de cárcel).

En ese momento los hosteleros comunicarán oficialmente al juzgado su intención de hacer frente a la responsabilidad civil. De hecho comenzarán a abonarlas a partir de que el juzgado abra el proceso de ejecución de sentencia, ya que hasta ahora legalmente no han podido pagarlas, a pesar de que muchos habrían querido hacerlo. El objetivo es resarcir el daño antes de que presenten la petición del indulto al Gobierno central.

SE ESTUDIARÁ CADA CASO / Después solicitarán que se suspenda la ejecución de la condena (el ingreso en prisión) hasta que el Gobierno resuelva dichos indultos. La titular del juzgado estudiará cada caso de manera independiente, por lo que puede que ordene el ingreso en prisión de algunos de los condenados y de otros no. También la acusación particular (los vecinos afectados) y la Fiscalía deberán mostrar su postura. Ninguna de estas partes se ha pronunciado aún sobre si solicitará al juzgado que ordene el ingreso en prisión de los acusados mientras el equipo de Pedro Sánchez analiza los indultos.

Por su parte Carmen Heras y Carlos Jurado pedirán la suspensión de la pena, al haber sido condenados a menos de dos años de prisión (la condena en este caso es de un año y nueve meses de cárcel para cada uno). Aquí la jueza puede aceptar dicha solicitud para que eludan la cárcel, aunque también estudiará cada situación de manera independiente. Heras ya fue condenada por prevaricación por el caso Urban Screens, aunque no supuso pena de cárcel, solo ocho años de inhabilitación para cargo público.

LOS APOYOS / Por otro lado, los empresarios presentarán en los próximos días en el juzgado las 15.000 firmas que han logrado recoger a favor de que se conceda el indulto. Las han recogido a través de la plataforma ‘Yo también hice ruido en la Madrila’, creada precisamente para defender la labor de los hosteleros. Se ha firmado a través de la plataforma on line ‘Change.org’ y de forma física en los establecimientos y en la mayoría de los eventos culturales que se han desarrollado desde el verano hasta ahora en la ciudad. Han sido las madres de los condenados las que se han encargado de organizarse y recoger las firmas.

El caso de La Madrila lleva siete años en los juzgados, desde que la asociación Cacereños contra el ruido presentara una querella contra los bares de La Madrila, Heras y Jurado por los ruidos. Finalmente el juicio se celebró en septiembre del año pasado. En él los afectados contaron los problemas que les ocasionaron los ruidos, en muchos casos su salud se vio trastocada. La sentencia que condenaba a los once hosteleros y a los dos políticos se conoció a principios de año. Las partes recurrieron el fallo a la Audiencia Provincial que confirmó las condenas de cárcel.