No hay nada que decir». Esta fue la consigna más repetida ayer, jornada en la que estaba previsto que comenzaran a ingresar en prisión los hosteleros condenados por los ruidos en La Madrila. Eran los empresarios de la Belle Epoque y Down los primeros a los que se les notificó que se les denegaba el indulto y por orden debían ingresar este miércoles aunque a la hora de cierre de esta edición ninguno lo había hecho. En el caso del hostelero de la Down, su defensa negó que su cliente hubiera recibido la notificación de ingreso y por tanto descartó que su cliente tuviera como plazo máximo ayer para entrar en la cárcel. Sí está previsto que el resto lo haga este viernes ingresen los gestores de Maquiavello, Latino’s, Sugar, La Cuerda y Tacones.

En cualquier caso, tanto afectados, abogados y la plataforma ciudadana e incluso la acusación particular en bloque se han instalado en el mutismo y piden respeto y que no se mediatice la entrada en la cárcel. Tampoco atendió las llamadas de este diario Eugenio Cuadrado, abogado de la acusación particular. El único que si ha valorado la situación esta semana fue el alcalde Luis Salaya, que volvió a reiterar su descontento por la entrada de los hosteleros en el centro penitenciario. «Lamentamos mucho que esta gente vaya a entrar en prisión», puso de manifiesto y recordó que él mismo mostró su apoyo en la recogida de firmas en su etapa en la oposición.

Por el tipo de delito y la ausencia de antecedentes penales, lo más probable es que los hosteleros se alojen en módulos de respeto, donde se encuentran presos no peligrosos y sin delitos graves o de sangre. Si compartirán duchas con el resto de los internos y podrán recibir visitas de familiares viernes, sábados y domingos --se podrán comunicar a través del cristal--. También podrán pedir un vis a vis al mes.

SENTENCIA HISTÓRICA // Al margen de las valoraciones políticas y de colectivos sobre el asunto, lo cierto es que la sentencia de los hosteleros de la Madrila es histórica en el país tanto por la contundencia en las indemnizaciones, que ascienden a casi 100.000 euros, como en las penas de cárcel ya que hasta la fecha no se había condenado a ningún empresario a una pena que supusiera su entrada en prisión por delitos de contaminación acústica. Cabe recordar que en la sentencia también fueron condenados la que fuera la anterior alcaldesa, Carmen Heras, y el concejal Carlos Jurado, aunque ninguno de los dos superó los dos años de condena y debido a la falta de antecedentes eludieron el ingreso en prisión.

También para intentar evitar entrar en la cárcel los hosteleros pagaron las indemnizaciones --todos menos uno-- y recabaron 15.000 firmas de apoyo. Finalmente en diciembre tramitaron un indulto que rechazó el Gobierno central hace unas semanas. De hecho, la propia acusación particular se posicionó a favor del indulto para los hosteleros que hubieran pagado las multas y las costas procesales y llegaron a pedir que se les conmutara la pena de prisión por trabajos sociales.