El caso del edificio de la cárcel vieja, que está en la avenida de Héroes de Baler, es parecido al del poblado minero. Ambos, aunque con unas características diferentes, aparecen en el catálogo de bienes protegidos de la revisión del plan de urbanismo, un documento que aún no tiene aprobación definitiva, y en los dos casos ha unido a colectivos y a particulares partidarios de su conservación. La plataforma del poblado minero se constituyó el pasado agosto y la del edificio de la cárcel vieja se creará el jueves, incluso hay un precedente: la plataforma que se formó el pasado mes de febrero para la protección del edificio de la plaza de San Mateo afectado por el proyecto original del hotel de Atrio.
La cárcel vieja se diferencia de los otros dos casos en que no hay entidades privadas que intervengan en el futuro de este inmueble. La decisión depende de dos administraciones: el Ministerio del Interior y el ayuntamiento.
No hay nada decidido sobre el futuro del inmueble, aunque la situación actual es más proclive a las pretensiones que tiene Interior después de que el gobierno local dictaminase a favor en la comisión local de Urbanismo del recurso presentado por la Sociedad de Infraestructuras y de Equipamientos Penitenciarios.
Lo que quiere Interior con su recurso es que el nuevo plan de urbanismo recoja el contenido del convenio que en 1992 firmaron el ayuntamiento y el Ministerio de Justicia, un acuerdo por el que se reordena el espacio que ocupa la cárcel con la desaparición del edificio y la construcción de viviendas con una zona ajardinada junto a la avenida de Héroes de Baler.
El primer uso propuesto en el nuevo plan de urbanismo para este solar es el residencial, sin embargo plantea una alternativa: otro acuerdo que conserve el edificio y lo destine a dotación pública, además lo incluye en el catálogo de bienes a proteger con protección estructural. El pleno de la corporación optó por conservarlo, pero en Urbanismo se respaldó el recurso de Interior para que no afecte a la aprobación provisional del nuevo plan, pero planteándose al mismo tiempo un futuro cambio del dictamen con la denuncia del convenio de 1992.
Colectivos como Adenex, Mejostilla Joven o la Fundación Siglo XXI y las asociaciones vecinales de los barrios de Pinilla y La Mejostilla ya han anunciado su posición a favor de la conservación de la cárcel y su uso como dotación pública.
