En julio del 2010, el organismo asesor de la Unesco, Icomos, emitió un informe a los medios de comunicación en el que instaba al Ayuntamiento de Cáceres a "corregir" elementos en fachadas y cubiertas del edificio que se construía junto a la plaza de San Mateo para albergar el hotel de Atrio, al entender que no respondían a las condiciones exigidas en el Plan Especial, norma que regula las intervenciones en el casco histórico de Cáceres. El consistorio no recibió el informe hasta cuatro días después y la entonces alcaldesa, Carmen Heras, señaló que en el texto se empleaban "palabras muy gruesas". De hecho, en ese informe se calificaba de "expolio" la actuación en el edificio.

Tras ese informe, el vicepresidente de y el vocal del Comité Español de Icomos, Antonio Campesino y Javier Pizarro, hicieron público otro informe en el que aseguraban que las obras que se ejecutaban "se ajustan técnicamente al proyecto, al Plan Especial de Protección y Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico de Cáceres y a su modificación puntual en el enclave, cumpliendo todos los criterios legales". Ambos expertos se mostraron muy molestos con la presidencia nacional porque no se contó con ellos para redactar el primer informe. En sus conclusiones descartaban que se hubiera producido "un expolio", como afirmaba Icomos España, y decían que las afirmaciones del ente ponían de relieve "un profundo desconocimiento de la dinámica orgánica del conjunto monumental de Cáceres.

Tras las dudas que planteó la delegación española de Icomos (que incluso llegó a referirse a un próximo informe sobre la obra de la plaza Mayor, entonces en ejecución), el informe que redactaron sobre la actuación en San Mateo no se registró nunca en el Ministerio de Cultura, como era preceptivo. Y ni Icomos internacional, ni la comisión española de Unesco recibieron el texto.