Los vecinos del Residencial Casa Plata han tenido que pelear durante años pero finalmente lo han logrado. La Audiencia Provincial de Cáceres ha obligado a la constructora, el arquitecto y el aparejador a indemnizar con 371.200 € a la comunidad de propietarios para que puedan subsanar, doce años después de su ocupación, las deficiencias que presenta este edificio, situado en los portales 1, 3 y 5 de la calle Valdesalor.

No se trata de un bloque más. Fue el primero del Plan 60.000 en entregar las llaves a sus vecinos en Cáceres. Aquella promoción pública de 58 viviendas, impulsada por la Junta de Extremadura sobre terrenos cedidos por el ayuntamiento, permitía a medio centenar de familias acceder a una vivienda por poco más de 60.000 euros, con garaje, trastero, más de 80 m² habitables y algunas de hasta 100 m². El acto de entrega fue seguido por la prensa dada la novedad de estas viviendas. Posteriormente se irían ultimando otras promociones similares en El Junquillo, Río Tinto, La Cañada, Residencial Ronda y Maltravieso.

Sin embargo, los inquilinos percibieron pronto que algunas cosas no iban bien, y han tenido que vivir con ellas. Según explica el administrador, Manuel Martín, los tabiques permiten que se escuchen demasiados ruidos, los humos de la cocina salen por los cuartos de baño, las salidas de humos tampoco sobrepasan la cubierta y devuelven los gases al interior, los ascensores generan un sonido extraño...

Los vecinos fueron a los tribunales y lograron que el juez les diera la razón, pero al estar la constructora Sierra Calama en concurso de acreedores, finalmente la comunidad tenía que hacerse cargo de los honorarios de los letrados del resto de las partes (constructora, arquitecto y aparejador). Entonces el despacho de abogados que lleva el caso recurrió a la Audiencia Provincial de Cáceres, que condenó solidariamente a todas las partes implicadas a subsanar las deficiencias del bloque.

Sin embargo, cuando los vecinos vieron el plan de reparación previsto, lo rechazaron por ser muy distinto al que había presentado su propio perito durante el proceso. En consecuencia, el magistrado nombró a un perito judicial que ratificó las deficiencias que denunciaban los inquilinos. Estos trámites han dilatado otros dos años el proceso, pero finalmente el despacho de abogados ha pedido la ejecución de la sentencia con el pago del dinero, para que sean los vecinos quienes se encarguen de las obras. Hace dos semanas las cuentas de la comunidad ha recibido 371.200 euros.

Según explica el administrador, los residentes tienen prevista una reunión para septiembre a fin de redactar el proyecto y pedir presupuesto a distintas empresas.