La junta local de gobierno del ayuntamiento acordó en su sesión del pasado 11 de mayo solicitar un informe a la jefa de la sección de Gestión Tributaria sobre la legalidad de la decisión municipal de no aplicar la exención del IBI a terrenos que son propiedad de la Universidad de Extremadura y que no están adscritos a un uso docente. La legislación establece exenciones en el pago del tributo cuando el bien se destina a fines educativos, como los acogidos al régimen de concierto educativo, en este caso la exención deberá ser compensada por la administración competente.
