La exalcaldesa de Logrosán, Isabel Villa (PP), acepta una pena de dos años de prisión y siete de inhabilitación para cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos continuados, prevaricación continuada y negociaciones prohibidas. Tenía que haber sido juzgada este martes en la Audiencia Provincial de Cáceres pero llegó a un acuerdo con las partes tras reconocer los hechos que se le imputaban.

Por un lado se le acusaba, tal y como ella misma ha confirmado, de crear un entramado de empresas para beneficiarse de la compra venta de vivienda pública. Así dio luz verde a la creación de un parque de viviendas sin llevar a cabo un procedimiento de adjudicación pública, y todo ello pese a estar informada verbalmente por el secretario interventor en funciones de aquella época de que no estaba cumpliendo con los requisitos legales. En total firmó 22 certificados que autorizaban la compraventa de inmuebles que iban a formar parte de estas viviendas sociales. En ninguno de ellos constaba la firma del secretario interventor, que se negó a hacerlo dada “la ilegalidad del procedimiento seguido”, según el escrito de acusación del Ministerio Público.

“He aceptado una culpa que volvería a repetir porque lo que hice fue crear un parque de viviendas sociales en Logrosán, que creo que lo necesitaban muchas personas. A lo mejor no he seguido el trámite oportuno administrativo pero estoy tranquila”, afirmó ayer Isabel Villa, que fue regidora de esta localidad cacereña durante dos legislaturas, desde 2011 hasta 2015, y también diputada provincial durante los últimos cuatro años.

También se le acusa de utilizar una tarjeta municipal de la que era titular por su condición de alcaldesa, para operaciones privadas. Pagó por ejemplo 1.000 euros en la tienda ‘Franki mercadillo’, de Cáceres; 181 euros en Flores Becedas y sacó más de 2.000 euros en efectivo. Muchos de estos gastos los hizo en un periodo en el que estuvo fuera del ayuntamiento al estar de baja médica, como un curso en la Uned que le costó 275 euros, curso que finalmente no se desarrolló pero no consta ningún apunte bancario de devolución de dicho pago; o una comida en el Hostal La Bamba de Navalmoral de la Mata que le costó 261 euros.

De ninguna de estas operaciones dejó constancia en la contabilidad municipal ni mediante factura o justificante similar a nombre del ayuntamiento. Los pagos los realizó en los años 2010, 2012, 2013 y 2014, según denunció la Fiscalía. “Mi sueldo era el mismo que de funcionaria y no disponía de capacidad económica para adelantar dinero. Es cierto que a lo mejor no habré justificado debidamente los gastos que he hecho con la tarjeta pero estamos hablando de 8.000 euros que son los que voy a tener que reintegrar”, señaló la exalcaldesa. Asegura que, tras esta condena, cierra una etapa política. Seguirá, eso sí, trabajando como funcionaria en el ayuntamiento, puesto que tiene desde hace 16 años.

Villa deberá indemnizar además al Ayuntamiento de Logrosán con 8.184 euros (dinero que gastó con las tarjetas) y pagar una multa de 3.650 euros.

“El ayuntamiento está satisfecho por el reconocimiento de los tres delitos que se le imputaban. Reconoce además que determinadas cantidades de las malversadas se habían incorporado a su patrimonio personal”, señaló la abogada del ayuntamiento, Inmaculada Vaca, que se presentaba a esta causa como acusación particular (los hechos comenzaron a investigarse precisamente tras la denuncia del actual alcalde de la localidad, Juan Carlos Hernández, del PSOE).

Por este caso el Ministerio Público pedía una pena de cinco años de prisión y 18 de inhabilitación y la acusación particular ocho años y ocho meses de cárcel y 19 de inhabilitación. También estaban imputados su marido y un amigo de este, que han sido absueltos.