El concejal de Izquierda Unida, Santiago Pavón, anunció ayer que su partido se ha dirigido al fiscal general del Estado, Cándido Gómez Pumpido, para que se depuren responsabilidades por permitirse por ayuntamiento y Junta la construcción del residencial Universidad, que cuenta con 550 viviendas edificadas en la umbría de la Montaña. Izquierda Unida también se ha dirigido al Parlamento español y al europeo a través de sus representantes Gaspar Llamazares y Willy Meyer.
IU recordó ayer en un comunicado que en el mes de julio del 2008 remitió al fiscal jefe de la audiencia de Cáceres las sentencias del TSJEx y del TS que anulaban la orden de la Junta que posibilitó desarrollar este residencial. Se añade en la nota que el pasado mayo se recibió de la fiscal de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo la notificación de que se archivaba la denuncia de IU, que considera en su comunicado que la fiscal "ha podido cometer un error y por tanto han de utilizarse otras vías de investigación si así lo estima la fiscalía, o por el contrario conforme a derecho no es posible imputar presuntos delitos ni exigir responsabilidades".
