Tras permanecer siete días en el Centro Penitenciario de Cáceres, J. C. V., jefe de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico en Cáceres, salió ayer de prisión, al haber decretado el juez que instruye el caso su puesta en libertad provisional sin fianza.
Su abogado, Juan María Expósito, presentó ayer por la mañana en el Juzgado de Instrucción número 2, encargado de la investigación del presunto caso de corrupción detectado en la jefatura cacereña, un escrito solicitando su puesta en libertad --el Juzgado número 5 decretó el pasado viernes su ingreso en prisión--. Hacia las tres de la tarde, según confirmaron a EL PERIODICO fuentes jurídicas, el titular del Juzgado número 2 dictaba un auto decretando la libertad provisional sin fianza de J. C. V., que hacia las 17.30 horas salía del centro penitenciario.
Como ya ha venido informando este diario, J. C. V. fue detenido el jueves 29 de octubre, junto con otros dos funcionarios de la jefatura y un responsable de una gestoría de seguros, por su presunta implicación en el supuesto caso de corrupción detectado en la Jefatura de Tráfico.
Tras su detención y toma de declaración por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, al día siguiente, viernes 29 de octubre, fueron puestos a disposición judicial. Fue el titular del Juzgado número 5, que se encontraba de guardia, el que se hizo cargo de las primeras diligencias y decretó para J. C. V. el ingreso en prisión, mientras que para los otros tres imputados se decretaba la libertad con cargos.
Contra el auto de prisión de J. C. V. presentaba el sábado su abogado, Juan María Expósito, un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Solicitaba su puesta en libertad por considerar "absolutamente desproporcionado el ingreso en prisión, pues no existen pruebas concretas contra él, sino simples sospechas", indicaba entre otros argumentos ya publicados por este diario el pasado día 4.
Posteriormente, y tras la toma de declaración a los cuatro primeros testigos del caso realizada el pasado jueves, Expósito anunciaba su intención de solicitar en el propio juzgado la libertad de su defendido, "pues ante las últimas diligencias practicadas estimamos aún más procedente su puesta en libertad". El jueves lo anunciaba y, como ya se ha indicado, ayer a primera hora de la mañana hacia oficial la presentación de su solicitud en el Juzgado número 2, cuyo titular la atendía pocas horas después.
INVESTIGACION También en la mañana de ayer se continuaba la investigación judicial con la toma de declaración a otros dos testigos, un funcionario de la Jefatura y un usuario; y la instrucción seguirá hasta poderse determinar si se han cometido los delitos de falsedad, cohecho, prevaricación y estafa imputados, y quienes son los responsables.
La investigación policial de este caso partió de una denuncia del anterior jefe provincial de Tráfico, Antonio Carrasco. Este, confirmaron ayer a este diario fuentes cercanas al caso, detectó que entre septiembre del 2002 y marzo del 2003 no se había cobrado, ni tan siguiera tramitado, una sola multa, lo que le hizo sospechar que se podían estar manipulando los expedientes sancionadores y la posible implicación de algún funcionario.
