Las secciones territoriales de diferentes asociación de jueces solicitan la suspensión al menos tres meses de la implantación de la nueva oficina judicial en la ciudad de Cáceres, tiempo necesario para solventar la mayoría de los problemas que se están detectando en otras oficinas de España.

La Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD) señalan que la nueva oficina judicial supone un importante cambio en la historia judicial española y su implantación en Burgos y Murcia ha generado graves problemas, entre ellas la insuficiente dotación de personal de las Unidades de Apoyo Directo al Juez (UPAD).

También denuncian que "no existe" el expediente digital sobre el que se sustenta el diseño de la oficina, que conlleva la sustitución del papel físico por archivos informáticos para evitar el peregrinaje de expedientes entre los Servicios Comunes y las UPAD, y la Agenda Programada de Señalamientos "aún no funciona de una forma mínimamente eficaz".

Para las asociaciones de jueces, estas experiencias adversas no pueden obviarse, por lo que cree necesario corregir las disfunciones que han puesto de manifiesto las experiencias piloto antes de seguir con la implantación.

A su juicio, "si continúa el programa de implantación sin corregir previamente estas deficiencias, empeorará la calidad del servicio prestado a los ciudadanos".

Las distintas asociaciones de jueces, que recuerdan que la Justicia extremeña está entre los tres primeros puestos de las diecisiete comunidades, lamentan que ha sido marginados en la puesta en marcha de esta nueva oficina judicial.