El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha admitido a trámite la demanda presentada por el grupo municipal del PP contra el acuerdo del pleno del ayuntamiento que aprobó la supresión de cualquier aporte económico o subvención para la celebración de los festejos taurinos, una decisión que el pleno de la corporación municipal tomó en marzo con los votos de los tres grupos de la oposición (PSOE, C’s y CACeresTú), que tienen mayoría en este órgano. El juzgado tramitará el recurso presentado por el PP, que está al frente del gobierno local, al mismo tiempo que los técnicos del ayuntamiento trabajan en la elaboración de un pliego para un nuevo concurso para celebrar festejos taurinos sin subvención municipal, pliego que se redactará en base a los acuerdos entre PP y C’s para que Ciudadanos respalde los presupuestos municipales de 2017.

Pero el fondo de este caso va más allá de las ayudas públicas a los festejos taurinos. Lo que se decide es la capacidad que tiene el pleno de la corporación, en el que están representados todos los grupos políticos, para cambiar acuerdos que entran en las competencias de la alcaldía.

Lo que el PP plantea en el recurso son dos cuestiones. La primera es que la licitación que se convocó en febrero con una aportación pública de 40.000 euros para los festejos taurinos entra, según la Ley de Contratos del Sector Público, en las funciones de la alcaldía porque el contrato no superaba el 10% de los recursos ordinarios del presupuestos ni sobrepasaba la cuantía de seis millones, además porque las relaciones entre el pleno y la alcaldía «son de competencia y no de jerarquía». La segunda es que la función de la elaboración de los presupuestos es de la alcaldía, por lo que la decisión del pleno de que no se destinen 40.000 euros a los festejos taurinos «es una limitación» de las competencias que se reconocen a la alcaldía en la ley de Haciendas Locales.

Frente a este segundo argumento, el interventor del ayuntamiento consideró que aunque la competencia para formar el presupuesto la tiene la alcaldía, al pleno le corresponde la aprobación de las cuentas, por lo que concluyó, en un informe del pasado abril, que tras el acuerdo del pleno de marzo no debía seguir la tramitación del concurso que se convocó en febrero, su informe incidió en que el gobierno suspendiera esta licitación.

Pero ahora será el juez el que decida. Su resolución, salvo posterior recurso, puede servir de precedente para casos similares que se den en lo que queda de legislatura, en la que el PP está en minoría en el pleno frente al resto de grupos de la oposición, y en otras con un reparto similar.