Un pleito vecinal por la instalación de un ascensor comunitario se ha resuelto casi por una razón de humanidad, aunque para ello se ha necesitado la intervención de los tribunales. Ha ocurrido en el número 43 de la avenida de la Hispanidad, que tiene 5 plantas. El magistrado Francisco Matías, titular del Juzgado de Primera Instancia número 2, ha obligado a nueve vecinos que se oponían a al elevador a acatar la decisión de los otros 21 residentes de instalarlo.
Al menos 17 vecinos de las plantas superiores son mayores de 70 años o discapacitados y los disidentes viven en los pisos inferiores. "Era una falta de solidaridad abrumadora y no era un capricho, sino una situación de necesidad y de interés general", valora Laura Martín, la abogada que ha representado al grupo del sí al ascensor . "Es lamentable cómo tienen que subir y bajar los del 112 a los ancianos", añade Agustina Fernández, una de las vecinas jóvenes que, por ello, ha luchado en nombre del resto para lograr el ascensor.
La sentencia de primera instancia ha sido ratificada en todos sus pronunciamientos por la Audiencia Provincial, por lo que es firme. Se da la circunstancia de que quienes iniciaron la demanda fueron los vecinos opositores que trataron de impugnar el acuerdo de la asamblea vecinal por falta de unanimidad y porque la instalación del ascensor perjudicaba a los propietarios al reducirse el espacio del rellano.
MAS VENTAJAS QUE PERJUICIOS El juez rebate esa necesidad de unanimidad en el voto argumentando que, cuando se trata de obras de interés general o supongan la supresión de barreras arquitectónicas, solo se requieren las tres quintas partes de los residentes. Y en cuanto al perjuicio, tras comprobar in situ el propio magistrado la instalación del elevador del número 45 de la misma avenida --proyecto idéntico que se seguirá en este bloque del litigio--, el juez es tajante al afirmar que las ventajas para los vecinos, sobre todo los mayores e impedidos, "supera ampliamente el ligero perjuicio" que supone la reducción de los espacios comunes.
El ascensor está todavía en proyecto, pero "se pondrá", aclara Agustina Fernández. El recurso ante la Audiencia lo ha retrasado pero con la ratificación del dictamen, ya se ha reanudado su instalación. "Esperamos tenerlo en Navidades", augura la vecina.
Agustina Fernández vive en el quinto. Compró la vivienda hace cuatro años y cuando lo hizo, ya existía un acta del administrador en la que aparecía aprobado el ascensor, por eso no le importó subir de momento cinco pisos hasta que lo tuvieran.
Sin embargo, ha sido ella, con su marido y otro par de vecinos jóvenes los que han tenido que pelear por los mayores. "Decían que si fueran más jóvenes, se irían a otro piso, pero que ya ningún banco les concedía una hipoteca", cuenta Fernández refiriéndose a los ancianos.
También recuerda cómo otra vecina mayor y con problemas de movilidad, hoy ya fallecida, tuvo que pasarse cuatro años sin bajar a la calle por no tener ascensor. "Tenemos que agradecérselo --señala Fernández-- al equipo de abogados, que nos han ayudado muchísimo en todo el proceso y más cuando nos pusieron la demanda, que fue en pleno agosto y nos costó mucho encontrar alguien que nos llevara el caso".
Por cada vivienda, son 30, se pagarán alrededor de 900 euros (150 euros en seis meses) por el ascensor. De momento, solo los residentes que votaron favorablemente han aportado su parte y al resto, de no hacerlo, se le reclamará por vía judicial. "Lo curioso es que nosotros estábamos dispuestos a costear el ascensor sin esos 9 vecinos, o llegar a un acuerdo de que no pagaran las cuotas de mantenimiento, pero al demandarnos no tuvimos más remedio que defendernos. Ahora lo tendrán que pagar todo", detalla Fernández.
Al grupo de opositores, le saldrá además el ascensor un poco más caro, ya que, según la sentencia judicial, tendrá que pagar las costas del juicio, que superarán los siete mil euros según una estimación provisional.
