El ayuntamiento tiene previsto iniciar hoy el derribo parcial de una vivienda del barrio judío cacereño, habitada desde hace tres años, para reducir los 50 centímetros de altura que él mismo autorizó levantar a sus propietarios, la cantante cacereña Pilar Boyero y su pareja, en la licencia que otorgó al proyecto de rehabilitación.
Un vecino demandó al ayuntamiento porque el incremento de altura permitido le quitaba vistas de la Montaña. A pesar de que la reforma cumple con la licencia concedida, este permiso municipal vulnera el Plan Especial de protección de la ciudad monumental, que impide cualquier aumento de volumen en la zona. Así lo explica el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que dictó sentencia sobre el caso hace año y medio, declarando legal la obra, pero no la licencia, por lo que se ordena el derribo de esta altura.
Esta actuación municipal para revertir el ordenamiento urbanístico no tiene precedentes recientes en la ciudad monumental, según fuentes consultadas por este diario. A pesar de que los expedientes de disciplina urbanística son frecuentes por obras ilegales, "no se suele llegar al extremo de la demolición", más aún cuando las viviendas "se encuentran habitadas". El edificio construido en la confluencia de la avenida Virgen de Guadalupe con la calle Viena es un ejemplo. El juez dictaminó que dos de sus plantas eran ilegales, pero no se derribaron.
UNA PRACTICA HABITUAL Además, el aumento de volumen es una práctica bastante habitual en las obras de rehabilitación, según reconoce un técnico municipal consultado por este periódico. "No se hace con mala fe ni con ánimo de especulación en la mayoría de los casos, pero a veces levantar 50 centímetros es necesario por cuestiones de habitabilidad", explica este experto. El palacio de Mayoralgo se levantó hasta un mentro, según denunció el colectivo Adenex.
En el caso de esta vivienda del número 9 del Barrio de San Antonio, la situación es aún más excepcional ya que la elevación, precisamente alrededor de unos 50 centímetros, estaba permitida por el ayuntamiento, por lo que los dueños no incurrieron en ninguna ilegalidad, sino que lo hizo el ayuntamiento al dar la licencia, según el fallo judicial.
El aumento de altura se justificó en el proyecto porque la vivienda, que antes de la rehabilitación se encontraba casi en estado de ruina, no reunía las condiciones de habitabilidad, al carecer de una habitación con las dimensiones mínimas necesarias. En base a ese argumento, el ayuntamiento autorizó subir la altura para ganar espacio.
La demolición se ejecuta por orden judicial y las obras las asumirá subsidiariamente el ayuntamiento, por lo que reclamará el coste --cuantificado en 24.000 euros-- a la cantante, que demandará al consistorio por los daños y prejuicios ocasionados.
