La Policía Nacional deplegó ayer un amplio dispositivo por la celebración de un juicio contra un clan de la droga formado por 31 personas y afincado en Plasencia y Malpartida de Plasencia. Se trata además de una vista mediática debido a la presencia del popular letrado madrileño Marcos García Montes, conocido como ‘el abogado de los famosos’, que defiende a dos de los investigados.

Una decena de agentes de la Policía Nacional controlaban ayer los pasillos del palacio de justicia con el objetivo de prevenir posibles altercados. Ayer fue el segundo día de juicio y las medidas de seguridad se montaron precisamente después de que en la primera jornada (celebrada el 4 de febrero) se desatara una pelea entre los familiares de los acusados. La polémica comenzó porque todos querían acceder como público al interior de la sala y el tribunal solo permitía la entrada a unos cuantos. Para evitar problemas ayer se permitió el acceso solo a dos familiares por investigado, que debían haberse acreditado con anterioridad.

De los 31 miembros del clan solo están acusados 30 porque uno de ellos, el cabecilla, padece alzhéimer. La mayoría pertenece a dos clanes: ‘Los Hilarios’, de Plasencia, y ‘Los Aguilares’, de Malpartida de Plasencia. Ayer solo declararon diez (seis en prisión), dos de ellos hijos del jefe de la banda y que está enfermo y el resto familiares de éste (nueras, sobrinos,…). Salvo uno, que es de nacionalidad colombiana y que supuestamente surtía al clan de la droga que vendían.

A este se le detuvo en un control. Los agentes le solicitaron la documentación pero, al notar en él cierto nerviosismo le pidieron que saliera del vehículo para inspeccionarlo. Comprobaron que las molduras traseras y las ruedas tenían huecos. Al quitar la rueda de repuesto se pudo ver que el maletero tenía un doble fondo, en el que había un cajón que era casi inaccesible por lo escondido que estaba. En su interior había casi dos kilos de cocaína de una pureza del 87% que podría haber tenido un valor en el mercado de 421.145 euros. En este caso también se acusa a un policía local que avisaba al clan de los controles policiales a cambio de droga.

MÁS DE 400 AÑOS DE CÁRCEL / El Ministerio Público solicita más de 400 años de prisión para los acusados, por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, falsedad de documento público, cohecho y tenencia ilícita de armas. La banda fue detenida en 2015 en la operación ‘Aqueronte’ de la Guardia Civil. El fiscal cree que el cabecilla, que ahora está enfermo, es el que se encarga de dar órdenes a sus hijos para que contacten con proveedores para adquirir cocaína. Después uno de sus hijos corta la droga para distribuirla entre el resto de los miembros del clan, que se encargan a su vez de venderla a terceros. Los jefes de la banda se quedan también con grandes cantidades para vendérsela a clientes de confianza.

Los diez que declararon ayer negaron los hechos. Ninguno quiso responder a las preguntas del Ministerio Público, salvo uno, que es precisamente uno de los que están siendo defendidos por el mediático abogado Marcos Montes. Este letrado también representa al cuñado de éste, pero que ayer no declaró.

Montes saltó a la fama por el juicio del asesinato de los marqueses de Urquijo, donde defendió a ‘Rafi’ Escobedo, aunque también representó a Ruiz Mateos, al profesor Neira, a la madre de Rocío Wanninkhof y a artistas como Carmen Sevilla, Rocío Jurado o Bertín Osborne. No es la primera vez que asiste a un juicio en Cáceres, ya defendió al constructor Julio Martín Simo y ha acudido a varios procedimientos de divorcio.

Como anécdota, al comenzar el juicio, el letrado se sentó en la bancada y se abrió una lata de Coca-Cola. La presidenta del tribunal y magistrada, María Félix Tena, le hizo una llamada de atención, advirtiéndole de que en la sala solo podía consumirse agua. «Tengo que beber Coca-Cola por prescripción médica, si quiere le enseño los informes», le espetó. Finalmente bebió Coca-Cola.

Hoy está previsto que declaren otros diez acusados y el día 26 de febrero el resto. El juicio se extenderá hasta el 8 de abril, cuando se concederá el último turno de palabra a los acusados.