Hace dos años que se entregaron las viviendas sociales de los bloques grises, como se los conocen popularmente, en la calle Miguel Ortí Belmonte, en La Mejostilla, y ahora la Junta se ha visto obligada a iniciar 10 expedientes de desahucios, ocho por impagos, uno por ocupación ilegal y otro por no habitar en la vivienda, según ha informado la administración regional. En estos bloques hay en total 96 viviendas cuya titularidad corresponde a la Junta.

Una vez iniciada la tramitación de los expedientes, el asunto se resolverá en el Juzgado, y si sigue adelante la orden la administración se pondrá en contacto con la Delegación del Gobierno para llevar a cabo el desahucio y no se produzca ningún altercado en al zona.

Los vecinos afirman que no es un barrio "conflictivo" pero sí reconocen que hay personas que no pagan la comunidad desde hace meses y que ha habido algunos altercados por "el mal comportamiento de ciertos vecinos" sobre todo en el bloque 3.

Esto ha llevado a que, según ha indicado el vicepresidente de la comunidad del número 26, que agrupa los bloques del 1 al 4, Javier Martín, desde la comunidad se haya denunciado a personas que estaban montando escándalo en sus casas "hemos pedido a la Junta que tome medida sobre estas personas, pero nos dicen que al tener niños pequeños no los pueden echar".

EN PARO Martín comenta que hay muchos vecinos que se encuentran en paro, empezando por él mismo, que desde hace un año se encuentra desempleado y además está enfermo, lo que le llevó al igual que al resto que estaban en su situación a no poder hacer frente al pago y tener dificultades para mantener a su familia. Hace unos meses recibieron una carta en la que se les comunicaba que si no se ponían al día con las cuotas se procedería a desahuciarles por impago. "Cuando el cartero dejó las cartas por las casas fue un día horrible en el barrio", asegura la mujer de Martín, Maribel Magañón.

Fue entonces cuando, señala Magañón, acudieron a la consejería de Fomento y se pusieron al día con el pago de alquiler, y, "acordamos que los que no podíamos hacer frente a ese dinero, 150 euros al mes, pagásemos un mínimo de 57 euros".

No obstante este matrimonio señala que aún así hay familias que "no los pagan", y dicen que de ahí "han surgido muchos conflictos de convivencia entre vecinos".

Esta no es la primera vez que inquilinos de las viviendas sociales de la calle Miguel Angel Ortí Belmonte, han sido protagonistas de quejas por vecinos que no hacían frente a sus obligaciones. Así en el número 20 se pidió a la Junta que pusiera contadores de agua individuales porque había vecinos que no pagaban su parte correspondiente; y en este mismo bloque en febrero del 2007 los garajes sufrieron un incendio y entonces los vecinos denunciaron la "inseguridad que sufrían".

Pero en general, las personas consultadas por EL PERIODICO, que viven en estas viviendas, y que prefieren guardar su anonimato, dicen que la mayoría de los inquilinos son trabajadores y que no hay problemas, pero también reconocen, sobre todo los de los bloques de alrededor, que desde que se entregaron los pisos, al presencia policial ha aumentado, y que es frecuente, según indica una inquilina del bloque 5, ver a jóvenes consumiendo drogas sentados en los portales.

OTRA DEUDA A su vez los inquilinos se quejan de que la propietaria de las viviendas, es decir, la Junta, "no paga la comunidad de las viviendas que tienen vacías", en los bloques grises dice que "adeuda unos 2.000 euros", según Martín, y en otros bloques como el 30 y el 29 y 31 de la calle Pedro Romero de Mendoza 1.400 euros, según ha indicado el administrados de estas viviendas, Miguel Angel Jordán.

Jordán dice que este dinero se debe de pisos que estuvieron en su momento sin alquilar y que la Junta al ser la propietaria "tiene que hacer frente a ello". Así asegura que les han reclamado este dinero en numerosas ocasiones y que la última respuesta ha sido que "lo reclamemos por vía judicial pero que ellos no van a pagar".

Con respecto a este asunto, fuentes de la consejería de Fomento, han negado esta acusación y asegura que cada vez que un piso ha estado vacío "nosotros hemos afrontado el pago de la comunidad".

Los vecinos de la calle Pedro Romero de Mendoza y del bloque 30 de Ortí Belmonte, mantienen la acusación y dicen que este "impago perjudica al mantenimiento del inmueble".