La Junta de Extremadura ha sido firme y asegura que no está dispuesta a que las viviendas de promoción pública se conviertan en un foco de conflictos sociales. Por este motivo pide calma a los vecinos de las viviendas sociales de las calles Miguel Ortí Belmonte y Pedro de Ibarra, en la barriada de La Mejostilla, que manifestaron su queja por el deterioro de la zona y el aumento del vandalismo, e indica que "a todos los inquilinos que no cumplan con los criterios para ocupar este tipo de vivienda se les iniciará un expediente de desahucio", ya existen diez en esa zona.

Los criterios que sigue la administración regional para iniciar este trámite son: si los ocupantes dejan de pagar el alquiler, hay una ocupación ilegal, que tengan otra vivienda en propiedad o conductas asociales, casos con los que ya se han encontrado, según fuentes de la Junta. Concretamente en esta zona se trata de impagos y de ocupaciones ilegales.

Asimismo, la Dirección General de Vivienda, señala, que no es cierto que "nos hayamos negado a hacer obras", en los edificios. Así indica que a todas las comunidades de vecinos de este tipo de vivienda se les trata por igual y que siempre hay una partida presupuestaria para mantener los edificios, pintarlos etc. En este sentido dice que está estudiando la posibilidad de atender la petición vecinal de poner una verja para controlar el acceso a los bloques.

Además apela a la responsabilidad de los inquilinos y señala que puesto que tienen opción de comprarlos si llevan viviendo en ellos cinco años "también tienen que cuidarlos". Con esto Vivienda quiere dejar claro que los pisos no están "abandonados".