La aplicación de la normativa horaria marcada por la Junta que se puso en marcha en Cáceres hace más de un año y que originó los graves disturbios estudiantiles en La Madrila --hubo cinco jóvenes encarcelados-- dio pie a varios hosteleros de la plaza de Albatros, propietarios de locales con categoría de bar normal, a reabrir sus puertas a las seis de la mañana para hacer frente a las pérdidas económicas que, a su juicio, les suponía la aplicación de esta legislación.
Los hosteleros se amparan en el artículo que establece que los bares normales pueden reabrir sus puertas cuatro horas después del cierre de manera que, si cierran a las dos abren de nuevo a las seis.
LAS DOS POSTURAS
Para el ayuntamiento es la Junta de Extremadura la que debe cambiar la normativa vigente y evitar, de esta forma, "las lagunas legales actuales". Sin embargo, el gobierno autonómico considera que es el ayuntamiento el que "utiliza indebidamente sus competencias, ya que concede licencias de categoría C (bar normal) a establecimientos que realmente operan como F (bar especial).
La Junta sostiene que "la mayoría de los bares, si no todos, que reabren a las seis amparados bajo la licencia C, son bares especiales, porque su actividad es similar a la del resto de establecimientos tipo F. El ayuntamiento es consentidor de ese fraude".
Para la Junta es la autoridad municipal la que debe comprobar la actividad real de los locales para no dar cobertura "a un fraude de ley".
