La Consejería de Economía e Infraestructuras ha anulado el permiso que concedió a Sacyr para la investigación de los recursos de dos cuadrículas mineras en Valdeflores (Cáceres). Esta decisión conlleva que decae y queda sin valor la solicitud de concesión de la explotación de los recursos mineros en Valdeflores para la obtención de litio.

La decisión se ha tomado al aceptarse el recurso presentado por Acima (Asociación para la comunicación y la información medioambiental). El permiso de investigación se concedió a Sacyr. Con los resultados de esa investigación y en base a ese permiso, Tecnología Extremeña del Litio, que está participada por Sacyr y por una empresa australiana, solicitó a la consejería la concesión de la explotación de los recursos mineros de las dos cuadrículas de Valdeflores. Al quedar invalidado el permiso de investigación, automáticamente decae el expediente de concesión de la explotación de los recursos.

La resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras se basa en el dictamen preceptivo y vinculante de la Comisión Jurídica de Extremadura en el que se concluye la nulidad de la Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se otorgó el permiso de investigación de dos cuadrículas mineras, denominado Valdeflores, en el término municipal de Cáceres, y la autorización del plan de restauración a Tecnología Extremeña del Litio.

Según adelantó ayer este diario en su edición digital y luego confirmó definitivamente la Junta de Extremadura en un comunicado, el dictamen de la Comisión Jurídica es consecuencia de la revisión de oficio del citado expediente, solicitado por la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), por considerar que el procedimiento administrativo no cumplía con los requisitos de publicidad exigidos.

Por tanto, insistió ese mismo comunicado, la Junta de Extremadura ha procedido a declarar nula la Resolución sobre el permiso de investigación y el plan de restauración Valdeflores; así como a cancelar la solicitud de concesión de explotación, derivada de dicho permiso de investigación, que el promotor presentó ante la Junta de Extremadura en el mes de octubre de 2017.

A principios de mes, la polémica de la mina volvió a ponerse sobre la mesa cuando la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta dictó una propuesta de resolución en la que imponía una sanción a la empresa creada para explotar el yacimiento minero en el paraje cacereño de Valdeflores, Tecnología Extremeña del Litio S.L. (TEL), por la realización de caminos y plataformas de sondeo sin la previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental.

Se le imponía, según recogía la Agencia Efe, una doble sanción: una multa pecuniaria y la obligación de restauración, con la integración de los caminos en el entorno y restitución de los márgenes afectados, incluyendo aquellos viales o accesos abiertos que no aparecen en las ortofotos. Y también restituir aquellas actuaciones no finalizadas, como balsas, sondeos y plataformas de acceso. Las actuaciones serán determinadas por el Servicio de Protección Ambiental.

La Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, la asociación de vecinos Sierra de la Mosca y la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA) denunciaron ante la Junta y ante el ayuntamiento la realización de caminos y plataformas para sondeos mineros en terrenos calificados como «suelo no urbanizable de protección» del Plan General Municipal (PGM), «sin licencia municipal y sin la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental».

Ahora, según la plataforma, los técnicos de Medio Ambiente han emitido sus informes, previa visita de inspección, al comprobar que se habían realizado 1.449 metros lineales de caminos sin Evaluación de Impacto Ambiental.

La propuesta de resolución de la Junta considera que los hechos probados constituyen una infracción del artículo 133-3 de la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, «por haber iniciado la ejecución o modificación sustancial de un proyecto sin obtener previamente el Informe de Impacto Ambiental abreviado».

Un informe obligatorio por ley en los casos de apertura de caminos necesarios para la construcción de plataformas y accesos a los pozos de sondeos, que se realizaron dentro del permiso de investigación minera.

Estos hechos, según la plataforma, motivaron que se solicitara la «nulidad del permiso de investigación ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas».