Cáceres está que trina. Para una vez que el Carnaval empieza a resurgir, el cierre de la carpa y de los bares de la zona de la movida coge de improviso a todos y genera una polémica de tal dimensión que ayer provocó la reacción de la Junta de Extremadura y del Ayuntamiento y derivó en un serio enfrentamiento entre ambas instituciones que se tiraron los trastos a la cabeza por culpa de una decisión que finalmente ha perjudicado a los cacereños, a la Agrupación del Carnaval y ha dañado seriamente los intereses económicos de los hosteleros de la ciudad.

Decisiones políticas y el pato lo pagan, como siempre, los ciudadanos. ¿Qué fue lo que ocurrió el pasado sábado? Para entenderlo hay que remontarse al 2 de febrero cuando la Junta dictó una resolución por la que decretaba la ampliación en dos horas del cierre de los establecimientos de la región coincidiendo con la celebración de los Carnavales, pero por vez primera en la historia el gobierno regional establecía una excepción: las zonas saturadas, es decir, aquellas con exceso de bares tenían que mantener el horario tradicional y no podían cerrar dos horas más tarde. ¿Los afectados? pues nada menos que los locales de copas de la plaza, Pizarro y La Madrila. El ayuntamiento aplicó a pies juntillas la resolución de la Junta, la policía local actuó y la carpa, los bares de Pizarro y de la plaza echaron el candado a las tres de la mañana y a las 4.30 lo hicieron los de La Madrila. ¿Conclusión?: un cierre de establecimientos de ocio que ha terminado en cabreo general.

Tras el toque de queda, ayer la Junta, a través de la Secretaría General de Política Territorial y Administración lanzó un comunicado en el que se refirió primero al cierre de la carpa. Aseguró que no es competencia del gobierno regional autorizar la entrada en funcionamiento de esta instalación desmontable de 800 metros cuadrados que había colocado el ayuntamiento en la plaza Mayor para la fiesta del Carnaval. La Junta insistió en que el montaje "entra dentro de la esfera de competencias de las entidades locales, así como la fijación del horario de comienzo y terminación de los espectáculos que se lleven a cabo en su interior. Por tanto --reiteró la administración autonómica-- es el Ayuntamiento de Cáceres el que ha de autorizar la carpa y fijar su horario, como sucede en las Ferias de San Fernando".

La Junta se refirió luego a la regulación de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos. Admitió que eso sí entra dentro de sus competencias aunque matizó que la autorización de horarios especiales por parte de la Junta de Extremadura "ha de ir precedida de una petición por el propio interesado, justificativa de su concesión". En este sentido, el gobierno regional reconoció que el 2 de febrero se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la resolución por la que se ampliaba en dos horas el horario de cierre por los carnavales. "Esta resolución --aclara el gobierno autonómico-- hace referencia a las zonas declaradas saturadas por acumulación de ruidos, debiendo velar las entidades locales por el estricto cumplimiento de la normativa vigente".

LA EXCEPCION ¿Pero por qué esa excepción solo se ha aplicado en Cáceres y no se ha hecho extensiva, por ejemplo, a Badajoz? La Junta responde que el Ayuntamiento de Badajoz, dadas las peculiaridades que rodean a la celebración de las fiestas de Carnaval, "y con antelación suficiente" solicita el 28 de enero una ampliación de horarios, algo que no ocurre con Cáceres. "No hay conocimiento formal en esta secretaría de la petición formulada por el Ayuntamiento de Cáceres solicitando ampliación de horarios para los establecimientos. Unicamente se recibe un breve escrito, vía fax, el mismo 5 de febrero (es decir, el viernes, un día antes) a las 13.20 horas, sin constancia oficial ni Registro de Salida desde ese ayuntamiento. Es decir --añade el ejecutivo regional-- sin la antelación suficiente para su tramitación, observándose que incluso se solicita el día 5 a última hora, para festejos del día anterior, el 4 de febrero".

La Junta concluye expresando su sorpresa "porque el ayuntamiento la culpe e insista en remitirse a la referencia a las zonas saturadas de ruido para instar el cierre de establecimientos sobre los que solo esa administración puede ordenar su