La Junta recordó ayer al alcalde, José María Saponi, que la orden de los horarios de los establecimientos públicos, tanto de apertura como de cierre, fue consensuada por todos los sectores implicados y que esta orden tiene vigencia desde septiembre del año 1996.
El Gobierno autonómico se pregunta si el el alcalde pretende que la Junta rompa ese consenso para salvar su incompetencia política, y acusa a Saponi "de incumplir durante mucho tiempo la ley, generando situaciones que, en palabras del propio delegado del Gobierno en Extremadura, hacían que Cáceres fuera una isla en ese ámbito". Para la Junta, la responsabilidad es exclusivamente del edil, ya que "está claro que el problema que se da es exclusivo de esa ciudad".
