La cadena humana organizada ayer en contra del proyecto de la mina de Valdeflores es una muestra más del rechazo ciudadano a esta intervención. No será la última y a la misma seguirán pronunciamientos a favor de la mina, con campañas publicitarias por parte de la empresa, y nuevas manifestaciones en contra. Se seguirá con un tira y afloja para ganar a la opinión pública, que es el escenario en el que se mueve ahora esta iniciativa. Los partidarios del ‘no’ han ganado la calle, la cadena es un ejemplo más. Y los promotores, con una compañía australiana creada ex profeso para este proyecto, intentan obtener partidarios con campañas sobre los beneficios que dejaría la explotación, haciendo hincapié en los empleos que crearía en una ciudad afectada, al igual que otras, por las repercusiones del covid.

Esta es una historia que ya se prolonga desde hace más de un lustro, cuando la Junta convocó el concurso del registro minero de Valdeflores, concesión que recayó en Valoriza Minería (Sacyr), empresa española que ha perdido el peso principal que en un inicio tenía en este proyecto. Son demasiados años. Este expediente tiene que tener un final porque lo único que está haciendo es dividir a la sociedad cacereña. No se trata de decir no a una inversión, que son necesarias, ni de espantar a ningún inversor, aún más necesarios, sino que es el sitio de la mina. No hay más.

A día de hoy lo único que tiene el promotor es un permiso de investigación de los recursos mineros en una zona en la que no iría la mina. Y lo que tendrá que decidir la Junta, que es la competente en Minas, en las próximas semanas es si concede el permiso de investigación en el espacio donde se planifica la mina para sacar litio.

La tramitación de este expediente ha sido caótica desde el principio y está llena de ambigüedades. Antes del permiso en vigor se concedieron otros, que al final se anularon por no cumplirse escrupulosamente con el procedimiento de información pública. Y ya se han hecho sondeos en la zona, parados por el ayuntamiento y sancionados por la Junta.

En el permiso de investigación dado el pasado diciembre se ha sido más cuidadoso en que todos los implicados e interesados pudieran dar su opinión, alegaciones a las que la Junta y la propia empresa han dado respuesta.

Pero la ambigüedad de todo esto es que se está dando permiso y se está decidiendo sobre si se concede para investigar los recursos mineros en un suelo en el que no está autorizado extraer esos recursos. ¿Se entiende? Yo no lo entiendo y pueden hacerse múltiples interpretaciones de todo esto.

Es como si un hostelero pide que le dejen estudiar la apertura de un bar en una zona saturada y se lo autorizan: o están permitiendo que el empresario pierda su tiempo y dinero o es que a lo mejor lo que hay detrás de todo esto es que luego se va a cambiar la norma de la zona saturada.

La Junta debe decidir ahora si tiene que dar el permiso de investigación clave. Lo puede conceder, tiene la competencia, pero tendrá que explicar para que lo entendamos cómo se da un permiso para investigar unos recursos en un terreno donde en la norma municipal que tenemos para todos no se permite. Y si se concede, esta vez el ayuntamiento tendrá que recurrir. Si se da un permiso en un suelo donde sus técnicos están diciendo que urbanísticamente no es viable, debería recurrir.